La justicia deportiva podrá sancionar

El 3 de octubre, el sustituto del juez Serrano envió un auto a la federación española de ciclismo prohibiéndole utilizar el sumario del procedimiento penal para incoar expedientes administrativos o sancionar deportivamente a los ciclistas. Esta decisión judicial provocó que todos los corredores se creyeran absueltos y que las autoridades deportivas, como reflejaba el presidente de la UCI, Pat McQuaid, se sintieran "ridículas".

Se da la circunstancia de que el propio McQuaid remitió el miércoles por correo electrónico a Jaime Lissavetzky su malestar por el deterioro que ha provocado en la imagen del ciclismo la Operación Puerto. También reclamó al secretario de Estado para el Deporte que intervenga para desbloquear la situación y poder castigar a los corredores tramposos.

Un nuevo auto, emitido ayer por el juez, ha aclarado sin embargo el alcance de la decisión del sustituto. El juez precisa que se podrá proceder a incoar los expedientes administrativos que correspondan ya que como ninguno de ellos está imputado por la vía penal no se corre el peligro de que sean castigados dos veces por la misma falta.

Este auto, además, abre la vía, según algunas fuentes consultadas, a que se pueda utilizar el documento de 38 páginas elaborado por la Guardia Civil a petición del juez precisamente para el cometido de las sanciones deportivas, ya que los únicos medios de prueba que ha prohibido utilizar tajantemente el juez son los obtenidos mediante escuchas, grabaciones, fotografías y otros medios de investigación que el juez autorizó solamente para el procedimiento penal.

Así, si la federación española no incoa expedientes, la Unión Ciclista Internacional (UCI) podrá acudir con el informe al Tribunal Arbitral del deporte (TAS) y solicitar que se proceda.