El Defensor del Pueblo ve fallos en un trámite del plan de Las Rozas

El Defensor del Pueblo considera que el trámite de información pública del Plan General de Las Rozas no ha sido "suficientemente transparente", debido a que los estudios de incidencias ambientales sólo estuvieron a disposición de los vecinos dos semanas. Al mismo tiempo, reconoce que el Ayuntamiento ha cumplido la ley, pero que existe una percepción justificada entre los roceños de que no han contado ni con los medios, ni con el tiempo suficiente, ni con la documentación necesaria para formular sus alegaciones de forma efectiva. El Plan General, que elevará la población del municipio a 110.000 habitantes (un 50% más que la actual), estuvo expuesto en el Ayuntamiento del 14 de marzo al 14 de abril.

El Defensor del Pueblo ha contestado a una queja interpuesta por la asociación Salvemos Las Rozas y apoyada por Ecologistas en Acción. Los grupos denunciaron que el Ayuntamiento había puesto cortapisas para que los vecinos pudieran estudiar la propuesta municipal que va a regir el futuro urbanístico del municipio. En su opinión, faltaba documentación, no se facilitó un CD como en otros ayuntamientos, la exposición pública coincidió con las vacaciones de Semana Santa, las copias completas del plan costaban 300 euros y el folleto informativo (que no se repartió entre los vecinos) inducía a error porque los colores usados para el suelo urbano y el urbanizable eran idénticos.

El equipo de gobierno ha defendido su gestión en el procedimiento de exposición pública. Recuerdan que en el hall de la primera planta estuvieron expuestos todos los planos de ordenación y los principales sobre materias medioambientales. En cuanto a los Estudios de Incidencia Ambiental, el Consistorio indica que existía un segundo ejemplar a disposición del público en un establecimiento cercano donde se podían realizar fotocopias.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo observa que la "actuación de esa Administración no parece haber sido suficientemente transparente", debido a que no se encontraba toda la documentación en las dependencias municipales hasta transcurridas tres semanas desde que se abrió el plazo para su consulta. La institución indica que entre las medidas que se podían haber adoptado estaba la posibilidad de ampliar a dos meses el periodo de información pública, su difusión en soporte informático, celebración de reuniones con asociaciones, entre otras.