El PP exige que los transexuales se operen para cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil

La Ley de Identidad de Género (oficialmente llamada "Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas") ha iniciado su trámite en el Congreso con una fuerte división. La más fuerte oposición es la del PP, cuyas enmiendas han sido calificadas por las asociaciones de afectados (entre 4.000 y 8.000 transexuales) como "un intento de mantener la situación de discriminación actual". En ellas, el Grupo Popular, que mantuvo paralizada una iniciativa similar durante más de dos años al final de la anterior legislatura, exige que el cambio del sexo y el nombre de los transexuales se realice mediante una resolución judicial y sólo cuando se "ha logrado, tras el tratamiento y las intervenciones médicas autorizadas, una apariencia anatómico-genital externa como la del sexo reclamado".

Para las asociaciones de transexuales, esta redacción implica "imponer la cirugía", un proceso que no todas las personas que necesitan cambiar de sexo quieren o pueden asumir -aparte de su coste, hay recelos ante el resultado médico y es una serie de operaciones que pueden suponer un riesgo sanitario-.

Otra enmienda del PP niega el acceso al proceso a los menores de edad, aunque estén emancipados. Esta limitación también es rebatida por los afectados y los científicos especializados en el tratamiento de la transexualidad, que afirman que mientras se empiece con el proceso el sufrimiento de las personas es menor, y mejores los resultados, tanto plásticos como de adaptación psicológica.

En el otro extremo, las enmiendas defendidas por Isaura Navarro, de IU, pretenden que los extranjeros transexuales también puedan adaptar sus papeles españoles, como el permiso de residencia o la cartilla sanitaria, a su sexo social (aquel con el que viven). También proponen que sea el Estado el que financie el tratamiento completo, algo que hasta ahora sólo lo hacen Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias.