Argentina baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos penales

El gobierno de Javier Milei se anotó una nueva victoria en el Congreso argentino. Con 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención, la Cámara de Senadores convirtió este viernes en ley su proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que ya había sido avalado la semana pasada en Diputados. “En la Argentina del orden, el que las hace, las paga”, sintetizó Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Milei, actual senadora y figura relevante dentro del armado oficialista.

El discurso de mano dura ha estado presente en el presidente desde la campaña política previa a su llegada al poder. Ya instalado en la Casa Rosada, la baja de la edad de imputabilidad fue una de las primeras iniciativas en ser enviadas al Congreso y se discutió en comisiones a lo largo de 2024 y la primera parte de 2025. En ese momento, el oficialismo dejó en suspenso el tema hasta lograr reunir los respaldos necesarios para su aprobación, algo que se hizo factible por la recomposición de las cámaras tras los resultados favorables a Milei en las elecciones de medio término. El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que en diciembre pasado fue atacado a puñaladas por un grupo de menores en Santa Fe, le sumó impulso al debate.

El proyecto original proponía la baja de imputabilidad a la edad de 13 años, algo que se modificó en la negociación con partidos aliados como el PRO —referenciado en el expresidente Mauricio Macri— y la Unión Cívica Radical (UCR). Si fuera por Milei, se habría ido incluso más allá: “También lo podríamos llevar a 10 (años)″, dijo en una entrevista que dio al canal La Nación+ en marzo pasado, en medio de la conmoción por la muerte de una niña de siete años a mano de dos adolescentes que habían robado un auto.

El régimen penal vigente hasta ahora en Argentina establecía que los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Entre los 16 y los 18 solo pueden ser procesados en casos de delitos graves de acción pública o que prevean una pena superior a los dos años de prisión. Las penas de detención en cárcel común están previstas a partir de los 18; antes, la privación de la libertad debe cumplirse en institutos para menores.

La ley sancionada este viernes abre la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos puedan ser procesados penalmente, juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad (originalmente el Ejecutivo proponía 20).

“Delito de adulto, pena de adulto”, fue la lógica detrás de la defensa del proyecto del partido oficialista, La Libertad Avanza. Desde ese espacio, la senadora Nadia Márquez sostuvo que la normativa vigente es “es arcaica, vetusta y vieja” y apuntó contra los argumentos que ponen el foco en la inmadurez de los niños que podrían terminar tras las rejas. “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”, lanzó en el marco de un debate que se prolongó por más de seis horas.

Senadores opositores cuestionaron que esta ley sea un castigo más que una respuesta integral a la problemática que trata y consideraron que el encarcelamiento temprano puede incluso agravar el problema. La peronista Alicia Kirchner —hermana del expresidente Néstor Kirchner— mencionó el caso de Ecuador, donde la edad de imputabilidad es de 12 años y tiene un registro mayor que Argentina de menores que cometen delitos graves. “Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo. Es que nosotros como Estado no estamos preparando las medidas que corresponden”, dijo, y mencionó a las adicciones y la salud mental como aspectos centrales a considerar.

Voces críticas también advirtieron sobre los problemas que tendrán las provincias, en el marco del recorte de fondos que les aplicó el gobierno de Milei, para cumplir con la ley y construir más lugares de alojamiento para los menores. “Van a meter a los chiquitos en cualquier lado. Va a ser peor el remedio que la enfermedad, créanme”, aseguró el senador peronista Martín Soria.

Antes de proceder a la votación, la oficialista Bullrich fue la encargada de cerrar el debate. “Venimos a recuperar un sentido de justicia, a terminar con una doctrina peligrosa en que el delincuente es una víctima del sistema y al 99% de los argentinos que trabajan, que hacen su vida, que crían sus hijos, no los protegemos, los dejamos solos”, finalizó.

De acuerdo a las estadísticas preliminares presentadas en enero por el Ministerio de Seguridad argentino, la tasa nacional de homicidios cerró 2025 en 3,7 cada 100.000 habitantes, lo que representa el registro más bajo de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la inseguridad es un tema sensible para la opinión pública y distintas encuestas muestran que al menos el 60% de la población consultada está de acuerdo con la iniciativa propuesta por Milei, llegando en algunos casos al 80% de aprobación.

Según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el primer semestre de 2025 se iniciaron causas penales contra 945 niños, niñas y adolescentes en la Justicia Nacional de Menores. Nueve de cada diez fueron varones, principalmente de 16 y 17 años. Más del 80% de los delitos que cometieron fueron contra la propiedad, es decir, distintos tipos de robos.

Obispos de la Iglesia católica que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas rechazaron mediante un documento la reforma al considerar que “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico. En cambio, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel. “El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, aseguraron.

Unicef también se manifestó en contra de la iniciativa, alegando que “la utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”. Aseguraron que las políticas sociales que promueven la educación, el deporte y la salud de los adolescentes son la mejor estrategia para prevenir el delito juvenil.