Inmigración: una visión desde el nacionalismo personalista

La frase "es catalán quien vive y trabaja en Cataluña y quiere serlo" es de CiU, tiene más de dos décadas y ha sido el norte de nuestra política tanto en los centenares de ayuntamientos donde gobernamos, como en el ejercicio de nuestra responsabilidad al frente del Gobierno de la Generalitat. Sin embargo, ocurre que últimamente hay un interés creciente por parte de nuestros adversarios en mutilar malintencionadamente la última parte de la frase, obviando el "quiere serlo", para así poder presentarnos como unos integristas irresponsables capaces de utilizar el problema de la inmigración como una simple arma electoral. Nada de ello se ajusta a la realidad.

Es bien sabido que la Federación CiU está integrada por CDC, una fuerza de amplio espectro ideológico, y por Unió, un partido de inspiración socialcristiana. Ambos partidos compartimos desde el primer día lo que podríamos denominar un nacionalismo personalista. Ahí están, y no en las injuriosas acusaciones procedentes de las filas del progresismo instalado, las bases de nuestra política de inmigración. Una política que, por cierto, ha mantenido a lo largo de los años una coherencia notablemente superior a la de los autodenominados progresistas, que, en menos de cuatro años, han pasado de la reivindicación de los papeles para todos, a la dureza dialéctica exhibida hace unos días por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Desde el personalismo que profesamos, reconocemos sin matices la dignidad innegociable de toda persona, con independencia de cuál sea su sexo, color de la piel, origen social o creencia religiosa. Es un reconocimiento del que emana la atribución de derechos tan fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la educación o a la salud. Pero precisamente porque nuestro personalismo es comunitario, reclamamos de la persona inmigrada un esfuerzo de integración a la comunidad que la acoge, una comunidad -para nosotros nación- a la que consideramos también sujeto de derechos. Así, la conjugación equilibrada de derechos y deberes del inmigrante hacia su comunidad de acogida y de ésta hacia aquél constituye el núcleo de nuestra política en una materia tan sensible como la que nos ocupa.

Porque somos personalistas, respetamos; y porque somos nacionalistas pedimos ser respetados. Y este respeto, por parte del inmigrante, debe expresarse desde los niveles más básicos de la convivencia en la escalera de vecinos, en el barrio, en la escuela o en el espacio público, y que pasa por un imprescindible esfuerzo de adaptación cultural en el más amplio sentido de la palabra, a mi modo de ver también desde el punto de vista lingüístico. Será al final de este proceso, jamás a su inicio, el momento en que la atribución de plenos derechos a los inmigrantes adquirirá su pleno sentido. Alterar este proceso, que es por definición gradual, es tan perjudicial para la comunidad acogedora como para el inmigrante. Y quien diga lo contrario o bien miente, o bien desconoce la compleja realidad de muchos de nuestros barrios.

El debate sobre la concesión del derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones municipales lo abrieron de manera partidista ICV y el PSC, por cierto, con una curiosa aparición del entonces alcalde Clos defendiéndolo de forma entusiasta en los Telenotícies de TV-3. Precisamente este debate lo intentó cortar de cuajo Montilla con un argumento que puede calificarse de todo, salvo de progresista: que nadie se alarme porque los magrebíes no van a tener derecho de voto... Por cierto, no he oído ningún comentario crítico al respeto ni del consejero Saura, ni siquiera del diputado socialista Mohamed Chaib.

Desde CiU simplemente nos hemos limitado a denunciar el uso irresponsable y partidista que el progresismo instalado hace de un tema tan sensible como éste, bajo riesgo (por lo visto real) de ser acusados de ultraderechistas xenófobos. Allá cada cual con su conciencia y allá cada cual con su coherencia. Nosotros exhibimos la nuestra desde hace muchos años: defendemos a las personas y defendemos nuestra comunidad nacional, aspectos que a nuestro parecer no son en absoluto contradictorios, siempre que exista mesura y gradualismo. Mesura porque, en tanto que nación sin Estado, tenemos una capacidad de acogida limitada, y gradualismo porque la acogida es, por definición, un proceso. Mesura y gradualismo por el bien de todas las partes: de las personas (todas) y de la comunidad nacional que, simplemente, quiere ejercer su legítimo derecho a perdurar.

Ramon Espadaler Parcerisas es presidente del Consejo Nacional de Unió. ramon.espadaler@parlament.cat