La fórmula privada no convence

El 14 de octubre de 2005, Camps firmó 13 convenios con las cinco universidades públicas. Deberían haber sido 15, pero el rector de la Universitat de València sólo aceptó el de financiación ordinaria, y declinó los de infraestructuras docentes y parques científicos a la espera de una oferta mejor.

Los convenios firmados, sin embargo, tenían un doble fondo; para desarrollar la mayoría de los conceptos recogidos en ellos hacía falta firmar a su vez nuevos convenios.

Se dejó caer entonces y se puso sobre la mesa de los rectorados más tarde una fórmula nueva para financiar las inversiones. A las tradicionales -presupuestos de la Generalitat y endeudamiento del Gobierno autonómico- se añadió una tercera, que contemplaba la inversión privada. Resumiendo, el asunto consistía en que las empresas costeaban la construcción de los edificios y luego los cedían a las universidades bajo un régimen parecido al de la concesión o el alquiler.

Aquel intento, que no convenció a casi ningún rector, parece haberse evaporado sin dejar rastro en su tránsito entre la Consejería de Empresa y Universidad y la de Hacienda.

Un rector afirma que el rechazo de las universidades a la propuesta se basó en dos ideas: "Pierdes el control y además es más caro". Otro considera que aquella fórmula implicaba "problemas jurídicos tremendos", cercanos al "fraude de ley", y la da por muerta.