La OCU pide al Gobierno que vigile el uso de los datos de comunicaciones

El director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, aseguró ayer, en relación con la ley que obligará a las operadoras de telefonía a identificar a los dueños de tarjetas de móvil y a conservar los datos de las comunicaciones un año, que esta medida no perjudica a los consumidores, aunque matizó que el Gobierno "debe vigilar la utilización futura de esos datos". "Hasta ahora, la compra de una tarjeta era algo anónimo y el hecho de que ahora se recoja información significa que se van a manejar una serie de datos cuyo control nos parece importante", explicó en declaraciones a Europa Press. Por este motivo, Múgica recalcó la importancia de que la nueva normativa "recoja qué tipo de uso y qué control se va a realizar sobre la utilización de los datos porque puede dar lugar a un uso indebido".

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) advirtió ayer de que vigilará que el control de las comunicaciones telefónicas se ajuste en el futuro a la legislación vigente "y respete los principios de proporcionabilidad, durabilidad y finalidad" de la protección de los datos personales, según señaló el director de la AEPD, José Luis Piñar, ante la elaboración por parte del Gobierno de un anteproyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación.

Informe previo

En este sentido, Piñar insistió en declaraciones a Europa Press en que, aunque no son un órgano con competencias en la elaboración de leyes, cualquier normativa relacionada con la protección de datos debe ser sometida a un informe por parte de la agencia, que de momento "no ha sido consultada". Además, Piñar afirmó en que el anteproyecto que están elaborando los ministerios de Justicia e Interior supondría trasponer la Directiva sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas aprobada el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea el pasado 21 de febrero, y que ya fue analizada por un grupo europeo de autoridades de protección de datos formado por las agencias de cada país.

En este sentido, y ante la posibilidad de que el periodo previsto para que las operadoras retengan los datos fuera de un mínimo de doce meses, el director de la AEPD destacó que entraría dentro del establecido en Bruselas. También valoró el hecho de que no se pudieran mantener datos relacionados con el contenido de las conversaciones. Igualmente, la existencia de un libro de registro para los compradores de tarjetas telefónicas debería conllevar la creación de una base de datos registrada y sometida a la legislación de protección de datos. El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, aseguró ayer que no se prevén subvenciones para los operadores por el coste de este control de las comunicaciones.