Otro implicado en la trama de las bajas fraudulentas paga la fianza y sale de prisión

El ex jefe de la policía local de Ubrique (Cádiz), Carlos Carretero, considerado por Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil responsable de una red que vendía certificados falsos de incapacidad laboral para obtener pensiones fraudulentas de la Seguridad Social, salió de la cárcel en la tarde de ayer, después de depositar el aval de 100.000 euros establecido por el juez instructor del caso.

El juez modificó el pasado lunes la situación penitenciaria de Carretero y de su supuesto socio, el inspector médico, Francisco Casto (quien salió de prisión en la tarde del miércoles al pagar una fianza de 50.000 euros), tras atender el recurso de la defensa de Casto, que denunció la ilegalidad de un grupo de escuchas telefónicas, interceptadas entre los días 23 al 26 de enero, en las que, en opinión de los investigadores, se demostraba la implicación de ambos en la actividad delictiva. El juez revocó la orden de cárcel incondicional, estableciendo en un nuevo auto la situación de "prisión eludible bajo fianza".

El abogado de la defensa de Carretero, Alfredo Belloso, anunció ayer que pedirá la nulidad "de todas las escuchas realizadas a su cliente" (entre noviembre de 2005 y marzo de 2006) al entender que instructor "ya ha demostrado que han sido realizadas sin amparo judicial". En opinión de Belloso, las escuchas "ilegales" son "la única prueba" contra su cliente en la investigación bautizada por la Guardia Civil como operación Karlos.

Belloso expresó su confianza en que el caso quede definitivamente archivado, en el supuesto de que sean anulados todos los pinchazos telefónicos. Y lamentó que la implicación de famosos en la trama (también ha sido imputada la esposa del torero Jesulín de Ubrique, María Jesús Campanario) "ha dado popularidad y ha perjudicado al caso".

Por su parte, Carlos Carretero aseguró haber sufrido "un juicio paralelo" mediático y afirmó que "ahora tendrán que demostrar cuántos informes falsos se han realizado".

La nulidad parcial de las escuchas dictada por el juez instructor se basa en el convencimiento de que fueron realizadas sin orden judicial. Las conversiones inculpatorias fueron detectadas en el curso de una investigación anterior, la operación Halcón, que sí estaban autorizadas por el juez.