Detenidos en Colombia los principales líderes de los grupos paramilitares

Los máximos dirigentes de las organizaciones paramilitares fueron detenidos ayer en comisarías de policía en varias ciudades de Colombia. No quedó claro, sin embargo, si fue una detención o una entrega acordada, como dijo Salvatore Mancuso, uno de ellos. "Vengo a entregarme; es un compromiso con mi conciencia y con la paz", dijo Mancuso a los periodistas en la entrada de la comisaría de Montería, su ciudad natal en el Caribe colombiano.

El presidente, Álvaro Uribe, fue quien dio la orden. Según él, las detenciones son un esfuerzo para sacar adelante el proceso de paz con estos grupos, responsables de actos de barbarie. Con ellos en la cárcel, como dijo el ministro del interior, Sabas Pretel, el proceso gana credibilidad ante la opinión nacional e internacional.

El pasado martes, en un hecho inusual, Uribe pidió a través de un comunicado a los paras ubicarse de inmediato en lugares "dignos, sobrios y austeros". Ayer repitió lo mismo y añadió que deben ser sitios controlados por las autoridades carcelarias. A cambio, les ofreció mantener la promesa de no extraditarlos a Estados Unidos. Muchos de ellos tienen allí cuentas pendientes con la justicia por narcotráfico.

El proceso de paz se enmarca en la llamada ley de justicia y paz. Esta ley, vigente desde hace un año pero nunca aplicada, quedó alterada por un fallo emitido hace cinco meses por la Corte Constitucional, que limita los beneficios en favor de los paramilitares que se entregaran previstos en la ley. Esta decisión generó tensión entre los cabecillas de las organizaciones paramilitares que, durante más de una década, se dedicaron a erradicar mediante el terror todo lo que oliera a comunismo.

Para resolver la crisis, el Gobierno intentó restablecer estos beneficios mediante un decreto; un borrador difundido por la prensa generó reparos de EE UU y de la fiscalía por ser demasiado laxo con los paras. Varias ONG consideraron que el decreto sólo pretendía burlar la sentencia de la Corte Constitucional y aplicar la ley tal como la aprobó el Congreso.

Para los especialistas en Derecho constitucional, los paramilitares deben pagar reparaciones a sus víctimas y no pueden ampararse en la figura de la sedición. La verdad es que estos hombres, que han dejado de manera voluntaria sus armas en los últimos dos años, se paseaban campantes desde hace meses por todo el país exhibiendo todo tipo de lujos. Mientras, sus víctimas, la mayoría campesinos a los que despojaron de sus tierras, sobreviven hacinados en las grandes ciudades.

Para el analista León Valencia lo ocurrido ayer puede tener dos lecturas. Una que se trate de aplacar el malestar norteamericano, y otra que el Gobierno piense acatar el fallo de la Corte Constitucional y prefiera tener a los jefes paras controlados para evitar su reacción.