Gestión del caos

Los ciudadanos españoles son sin duda los más expuestos al caos de entre todos los europeos. En cualquier momento pueden ser pasto de decisiones súbitas de grupos de presión, sindicatos febriles o colectivos en celo reivindicativo, que arruinan sus viajes de negocios, hunden sus vacaciones o los dejan abandonados en cualquier aeropuerto o estación. Ayer fue el turno de los trabajadores del servicio de asistencia en tierra de Iberia en el aeropuerto barcelonés de El Prat que, angustiados por la posible pérdida de empleos -Iberia ha perdido la concesión del handling en el aeropuerto de Barcelona en favor de Air Europa, Spanair y FCC-, decidieron paralizar las operaciones aeroportuarias por el expeditivo procedimiento de abandonar sus puestos de trabajo tras una asamblea informativa y bloquear las pistas de despegue. El resultado fue un colapso total del aeropuerto, con miles de pasajeros atascados en las terminales, vuelos suspendidos y al menos cinco aeropuertos principales afectados.

En los países que gozan de servicios públicos regulados y disponen de auténticas leyes protectoras de los ciudadanos, estas prácticas de acción directa, ejecutadas sin aviso previo, están erradicadas y, además, son inconcebibles. Son salvajadas indeseables que ninguna relación guardan con los derechos laborales, legítimos y respetables, de quienes las ejecutan. Pero en España son frecuentes. Es un lugar común pedir a gritos una regulación razonable del derecho de huelga que acabe con tales conductas. Pero también desde el Gobierno deberían incentivarse los procedimientos para que los viajeros asaltados en sus derechos pudieran reclamar por vía mercantil y penal las sanciones que se merecen los perpetradores del caos.