PP y PSOE alcanzan un acuerdo sobre el nuevo Estatuto de Castilla y León

Castilla y León ha "ofrecido a Europa un ejemplo de respeto, convivencia y diálogo en la diversidad y de interculturalidad a lo largo de sus siglos de vida, afianzados a menudo en los fueros leoneses y en las costumbres y fazañas castellanas que regularon sus derechos desde el siglo IX, así como en momentos, como en 1188, cuando se celebraron en León las primeras Cortes de la historia de Europa". De esta manera tan peculiar han resuelto los dos grandes partidos de Castilla y León, PP y PSOE, el reconocimiento a la aportación histórica de ambos Reinos, unidos en uno solo a partir del Estatuto aprobado en 1983 y que ahora, una vez rehecho, tendrá que volver a pasar el filtro de las Cortes Generales.

En el preámbulo del nuevo texto, que fue presentado ayer, se define a Castilla y León como una comunidad "histórica y cultural" que ha sido capaz de crear "un espacio de encuentro, diálogo y respeto entre las realidades que la conforman y definen".

El presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, del PP, definió la redacción del nuevo Estatuto como "ambiciosa, rabiosamente constitucionalista, neutral y abierta a los cambios". Mientras el secretario regional de los socialistas, Ángel Villalba, destacó que el texto presentado "es homologable a cualquier estatuto de otras comunidades hermanas, con igualdad en los techos competenciales y la misma capacidad de autogobierno".

Ambas formaciones destacaron el consenso alcanzado y no dudaron en afirmar que sus respectivos grupos nacionales en el Parlamento no se opondrán a las ideas básicas contenidas en el mismo. Ello a pesar de que entre las nuevas competencias figura una propuesta sobre la gestión del Duero, un río internacional gestionado actualmente por el Ministerio de Medio Ambiente, con una participación prácticamente testimonial de la Junta de Castilla y León.

Los 90 artículos del Estatuto, que podría llegar a las Cortes Generales a final de año, recogen una veintena de nuevas competencias, las más sustanciales la gestión del agua y la posible creación de una policía autonómica.