La Fiscalía del TSJA considera ya un problema "grave" el tráfico de mano de obra irregular

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, advirtió ayer de que el "tráfico ilícito" de mano de obra irregular es ya un "problema grave en Andalucía". El aumento de este tipo de delito es uno de los aspectos destacados en la memoria de la Fiscalía del año 2005, que también alerta del incremento de la delincuencia juvenil. En cifras, el número de procedimientos abreviados incoados el año pasado en Andalucía aumentó alrededor de un 10%, incremento que el fiscal achacó, sobre todo, al sistema de juicios rápidos.

A la Fiscalía del TSJA le preocupa más, según Jesús García Calderón, el extranjero como víctima de delito que como autor. El número de extranjeros extracomunitarios imputado en delitos descendió el año pasado en 87 (485 frente a los 572 de 2004), mientras que 2.367 han merecido la consideración de víctimas, casi todos inmigrantes irregulares que pretendían acceder a España, según recoge la memoria de la Fiscalía.

García Calderón alertó sobre todo del "tráfico ilícito de mano de obra", por el que ya se han producido las primeras sentencias. Este delito afecta sobre todo al sector de la construcción y se da en las ocho provincias. La memoria destaca el aumento de casos de trabajadores inmigrantes en situación irregular que son "sometidos a condiciones de explotación" y que, en ocasiones, son víctimas de graves accidentes laborales y con "indicios de actividades coactivas" para evitar su declaración en la investigación judicial.

La Fiscalía destaca también el "salto cualitativo" que se dio en 2005 en la persecución y castigo del tráfico de seres humanos en el Estrecho, con una veintena de patrones detenidos y en prisión preventiva.

En materia de siniestralidad laboral, destaca el aumento de la investigación para actuar en delitos de riesgo, que pasa por castigar el incumplimiento de la normativa de prevención. "Actuar antes de que tenga lugar el accidente", explicó el fiscal jefe, quien defendió esta vía recogida en el Código Penal.

La memoria alerta asimismo del incremento del maltrato familiar entre dos sectores: los inmigrantes, principalmente de países latinoamericanos (ecuatorianos) y marroquíes; y aquellos en los que los autores son menores. En 2005 se incoaron 132 expedientes por estos casos. De cada 12 analizados, aproximadamente en dos se han detectado en los menores psicopatologías graves. En el resto, se observan distintos factores, como nivel socioeconómico bajo, o marginal, separación de los progenitores con mala relación entre ellos o absentismo escolar.

La Fiscalía vuelve a detenerse, como ya hiciera el año pasado, en el problema del botellón. La memoria pide que se clarifique la normativa y señala a los ayuntamientos como los "primeros directamente obligados" a resolver el problema en el ámbito de las competencias que ya tienen para luchar contra este fenómeno. No obstante, García Calderón señaló que dada la complejidad del problema, no habría que descartar una actuación "a nivel estatal".