Promesa incumplida

El Gobierno canario, por boca de su presidente, Adán Martín, prometió hace casi un año, a raíz de la muerte de un adolescente en un incendio provocado en su celda, poner remedio a la gravísima situación creada en los centros de internamiento de menores transferidos a la comunidad autónoma. Pero, de creer un reciente informe realizado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, esa promesa sigue sin cumplirse. El diagnóstico sobre la situación de los centros de menores canarios no puede ser más negro: gravísimas carencias en cuanto a higiene, gestión, seguridad, habitabilidad y número de plazas.

Las autoridades de las islas alegan haber logrado desactivar la "bomba de relojería" a punto de estallar hace un año. Pero, aun dando por buena la versión de los responsables canarios, ello no invalida el diagnóstico de la Inspección del Poder Judicial sobre el caos en esos centros, que se manifiesta, entre otras cosas, en la inexistencia de programas de reinserción y de tratamiento individualizado y la penuria de plazas para acoger y atender a los 257 menores condenados y a los más de 1.000 sometidos a medidas judiciales.

El informe coincide en buena medida con las denuncias que viene haciendo desde hace tiempo el diputado del Común canario-figura homóloga al Defensor del Pueblo- y con las advertencias críticas del Tribunal Superior de Canarias y la fiscalía sobre aspectos organizativos de la justicia de menores. No es serio que los jueces se contenten con hacer sólo cuatro visitas al año a los centros o que el organismo insular de protección al menor cierre a cal y canto los fines de semana y festivos, olvidando que es obligada su colaboración en la toma de decisiones judiciales sobre los detenidos en esas fechas. La situación de los centros de menores canarios es síntoma de un mal más general y al que el Gobierno central no puede sentirse ajeno, por más que las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas desde 2001.