Nueve procedimientos sancionadores en seis meses

El soterramiento de la M-30, el proyecto estrella del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no pasará a la historia por superar con nota, de momento, todos los exámenes ambientales. Con los tres nuevos expedientes abiertos ayer por la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya son nueve los procedimientos contra los trabajos de la reforma.

La Confederación supervisa constantemente la evolución de las obras para comprobar que el Ayuntamiento cumple con los 54 condicionantes de carácter ambiental impuestos por este organismo para autorizar las obras de soterramiento. De hecho, los nueve expedientes abiertos contra el Ayuntamiento de Madrid son consecuencia del supuesto incumplimiento de esas condiciones ambientales.

La Confederación comenzó a detectar las infracciones el pasado noviembre. Inició entonces el primer procedimiento por el depósito de material de obra en el cauce del Manzanares, junto al puente de Praga.

Poco después, el 13 de enero se abrieron otros tres expedientes sancionadores: el primero, por la construcción de un murete de hormigón en zona de dominio público hidráulico, sin autorización administrativa del organismo de cuenca; el segundo, por acopio de tierras en el cauce del Manzanares, aguas arriba del puente de Segovia, incumpliendo lo establecido por la CHT. El tercero, originado por un vertido de material de construcción, bentonita de cemento, al cauce del río implicó la paralización de un tramo.

El pasado 26 de enero se produjo un vertido de tierras en el cauce del Manzanares a la altura de San Pol de Mar, que también motivó la apertura de un expediente sancionador. Un mes más tarde, el 21 de febrero, hubo una derivación de aguas superficiales del río a la altura del puente de Praga, que también fue sancionado.

Cada palo, su vela

El debate sobre la obra de la M-30, su efecto sobre el medio ambiente y la reacción de la Unión Europea llegó ayer al pleno del Ayuntamiento.

El PSOE había reclamado al gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que tomara nota de la carta de emplazamiento enviada por Bruselas e iniciase la elaboración de una declaración de impacto ambiental. IU fue más lejos: pidió la paralización de las obras en tanto en cuanto no pasen ese trámite previo.

La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, dijo no a todo. "Que cada palo aguante su vela. Nosotros hemos cumplido la ley española, y eso nadie lo pone en cuestión. Si ustedes creen que la ley no transpone bien la normativa europea, pídanle a la ministra de Medio Ambiente [la socialista Cristina Narbona] que cambie la ley", espetó Martínez al socialista Félix Arias. El debate terminó con abucheos desde las bancadas de la oposición y aplausos a Martínez desde las sillas ocupadas por sus compañeros del PP.