Madrazo pacta con EHAK para sacar adelante la ley de Cooperación

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, se ha buscado un socio distinto para conseguir la aprobación de la futura ley de Cooperación para el Desarrollo. Si para sacar adelante su iniciativa estrella, la ley de Suelo, recurrió meses atrás al PSE, ahora ha acudido al grupo que sustituyó a la ilegalizada Batasuna para lograr los votos que aseguran en el Parlamento vasco la mayoría necesaria.

El departamento de Madrazo anunció ayer, mediante una nota de prensa, la consecución de un "principio de acuerdo" con EHAK que garantiza a las formaciones del Gobierno vasco el voto afirmativo al proyecto de ley de Cooperación al Desarrollo. El acuerdo introduce, entre otros aspectos, el compromiso de alcanzar 2012 el objetivo fijado por la ONU en 1972 de destinar a los países necesitados el 0,7% del PNB (cifrado en el gasto de los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma) y la creación de una Agencia Vasca de Cooperación para gestionar esa ayuda. La falta de concreción de los compromisos presupuestarios y la ausencia de ese órgano gestor específico eran, precisamente, las principales críticas que hacían los partidos de la oposición al proyecto del tripartito.

Enmiendas

Los socialistas y el PP han presentado sendas enmiendas a la totalidad y solicitan la devolución del texto al Gobierno. EHAK presentó sólo ocho parciales y Aralar, 32. La Asociación de Municipios Vascos-Eudel se ha manifestado el contra del texto por considerar que invade competencias que corresponden a su juicio a los ayuntamientos.

El acuerdo con EHAK incluye dar un mayor papel al Parlamento en la orientación y seguimiento de la cooperación pública. Las líneas generales de los planes directores de cooperación se debatirán y aprobarán en la comisión correspondiente de la Cámara antes de ser oficializadas por el Gobierno. Además, se fortalecerá el Consejo Vasco de Cooperación al Desarrollo como órgano de representación y participación de las ONG dedicadas a esta tarea. El consejo tendrá carácter mixto y habrá paridad entre los representantes de la Administración y las ONG. A su vez, la ley reconocerá a éstas su "papel protagonista" y el "carácter primordial" de su actuación en la cooperación.