Víctimas integrales

La nueva Ley de Víctimas del Terrorismo, que prepara el Gobierno y que actualiza y completa toda la legislación existente sobre la materia, en especial la ley promulgada por el Gobierno del Partido Popular en 1999, supondrá, sin duda, un paso trascendental en el reconocimiento debido a un colectivo social que agrupa a unas 17.000 personas en nuestro país.

Hasta ahora, la deuda contraída por el Estado y la sociedad con ellas ha tenido una dimensión casi exclusivamente económica y en todo caso social. Con la nueva norma se pretende que esa deuda, aunque prácticamente imposible de saldar, se extienda también a otros campos -desde la reinserción laboral al acceso a la vivienda, pasando por la asistencia psicológica y la gratuidad jurídica- para que las víctimas dispongan de un apoyo institucional lo más amplio posible y de carácter integral que refleje el compromiso de la sociedad española a un apoyo integral a aquellos de sus miembros que han sufrido la violencia terrorista. De la misma forma que ya ha sido establecido para las víctimas de la violencia machista.

Para que la ley llegue a buen puerto y tenga los efectos prácticos y también simbólicos que debiera tener es necesario, primero, desbrozar el camino para un diálogo fluido con las diversas asociaciones de víctimas y después consensuarla políticamente con el PP. Una norma de este tipo no debería resultar conflictiva, pero son conocidas las divergencias entre diferentes asociaciones y el manifiesto distanciamiento de alguna de ellas respecto al Gobierno, así como la especial beligerancia que ha mostrado el PP en este campo. Es esencial, por tanto, que el Ejecutivo escuche a las víctimas y pacte con ellas todo lo que sea atendible antes de enviarla al Parlamento.