Fraude fiscal de 6,3 millones en la venta de coches

La policía ha detenido a 14 personas que formaban parte de una red de venta de vehículos de lujo que defraudó 6,3 millones de euros a Hacienda. A través de un entramado de sociedades, los presuntos defraudadores adquirían vehículos de alta gama en países de la Unión Europea (sobre todo en Alemania) y los vendían en España. Al adquirirlos en el mercado comunitario no pagaban el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ni el Impuesto de Matriculación, conceptos que sí cobraban a sus compradores españoles. Los agentes han intervenido inmuebles por valor de cinco millones de euros, así como nueve coches de lujo.

La operación, en la que han participado agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), se inició en agosto de 2005, cuando se descubrió que varias sociedades instrumentales pertenecientes a Manuel V. S. y Manuel C. O. (ambos detenidos), habían importado una gran cantidad de automóviles para su comercialización en España sin pagar los impuestos que gravaban su adquisición.

Esas compañías actuaban como revendedoras, es decir, compraban los automóviles a otras empresas vendedoras de países de la UE en operaciones exentas del IVA. Al comercializarlos en España cobraban ese impuesto a sus clientes, pero luego no lo declaraban a la Agencia Tributaria. Los vehículos costaban 35.000 euros, y estaban gravados con el 16% de IVA.

Los implicados sí pagaban parte del Impuesto de Matriculación (obligatorio para dar de alta en España vehículos adquiridos en otro país), pero no todo. Por cada uno de los coches abonaban 250 euros, una "cantidad irrisoria", según la policía, para coches de ese precio. La ley obliga a abonar a Hacienda el 12% del coste del automóvil en virtud de este tributo, es decir, unos 4.500 euros por cada uno.

Mientras estuvo activa, la red comercializó en España unos 600 coches, por lo que el montante total defraudado por ambos impuestos asciende a 6,3 millones de euros, según la policía.

Las empresas inicialmente investigadas formaban parte de un entramado de sociedades al frente de las cuales los detenidos habían colocado testaferros a los que pagaban unos 1.200 euros al mes. Así se aseguraban que éstos, que constaban como administradores únicos, fueran los responsables del fraude fiscal, quedando exentos los cabecillas de la trama.

El beneficio derivado del impago de impuestos permitía además a la red comercializar los coches a un precio muy inferior al del mercado. Los concesionarios pertenecientes a la trama, Autotrade Business SL y Damovil SL, mantenían ventas altísimas que, según fuentes de la investigación, se debían a su competencia desleal.