Blasco deja libertad a los ayuntamientos al fijar la reserva de suelo para vivienda protegida

La Generalitat deja en manos de los ayuntamientos valencianos el porcentaje de reserva de suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), según el borrador de reglamento que desarrolla sus dos grandes leyes urbanísticas -la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley Urbanística Valenciana-. La consejería de Rafael Blasco sólo establece unos mínimos para los municipios que no fijen un límite. El anteproyecto de ley del suelo que prepara el Gobierno español establece un porcentaje mínimo del 25%. El documento está en estos momentos en periodo de consulta.

El borrador, que Blasco ha sometido a consultas entre los agentes afectados, no establece, como tampoco lo hace la Ley Urbanística Valenciana (LUV), un porcentaje obligatorio de reserva de suelo para la construcción de VPO, pese al retroceso cercano al 70% que este tipo de edificaciones ha experimentado en los últimos siete años, según datos del Consejo Superior de Arquitectos de España. Blasco deja en manos de los ayuntamientos valencianos la fijación de nuevas VPO y sólo establece, con carácter subsidiario, unos mínimos para que los municipios lo establezcan a título individual. Estos porcentajes subsidiarios oscilarían entre el 40% exigible a la ciudad de Valencia -el mayor de todos- y el 10% para los municipios con una población inferior a los 2.000 habitantes.

Francesc Signes, secretario de Medio Ambiente del PSPV, criticó ayer este punto, pues, a su juicio, "la Generalitat continúa empecinada en dejar la cuestión de la vivienda protegida a la libre disposición de los implicados". Signes recordó que el anteproyecto de ley estatal del Suelo, que prepara el Gobierno español, establece un porcentaje del 25%.

El borrador permite, entre otras cuestiones, que los ayuntamientos aprueben por silencio administrativo un Plan de Actuación Integrada (PAI) si éste no reclasifica suelo, "aunque se hayan presentado numerosas alegaciones y fundadas alegaciones por parte de particulares y organismos públicos o privados en su contra", argumenta Signes.

Los ayuntamientos dispondrán de sólo 15 días para calificar las ofertas presentadas por los promotores para urbanizar un PAI y seleccionar a uno de ellos, una situación que desbordará, según el dirigente socialista, a los consistorios pequeños.

En este momento, y a la vista de la apertura por parte de la Comisión Europea de un nuevo expediente contra la recién aprobada LUV, Signes pide a Blasco que retire este borrador. En este sentido, el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, emplazó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a cambiar la LUV, "como ya pedimos durante el debate de la ley en las Cortes" y adecuarla a las exigencias de la Unión Europea.

Blasco volvió a insistir ayer en que el responsable del problema urbanístico no es la Generalitat sino el Gobierno español y añadió que el PSOE, "con la complicidad de Pla, quiere sacar tajada política", del proceso abierto por la CE.