La financiación lima la propuesta inicial

Hay diferencias de calado entre la propuesta de financiación que salió del Parlamento catalán y la que finalmente aparecerá en el Estatuto, aunque el consejero de Economía, Antoni Castells, ha asegurado que los dos redactados "coinciden en sus puntos esenciales".

En la propuesta del 30 de septiembre correspondía a la Agencia Tributaria de Cataluña "la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña". "Una parte del rendimiento de los impuestos cedidos a Cataluña se atribuye al Estado para la financiación de sus servicios y competencias" (artículos 205 y 207). El texto final prevé que la Agencia Tributaria catalana gestione "todos los tributos propios de la Generalitat", es decir, deja los cedidos (IRPF, IVA, sociedades y especiales) en manos del Estado, aunque abre la puerta a la creación de un consorcio "en el que participarán de forma paritaria" las dos agencias y eleva los porcentajes de estos impuestos que recibe la comunidad.

Respecto a la solidaridad, el texto inicial fijaba los recursos aportados o recibidos por la Generalitat en función de criterios como "población relativa, producto interior bruto y esfuerzo fiscal relativo", que se amplían en el texto final.

El texto suprime varios artículos, entre ellos el que afirmaba que el mayor esfuerzo fiscal llevado a cabo por los catalanes "debe traducirse en una mayor capacidad financiera y mayores ingresos para la Generalitat". Sin embargo, el Estatuto consagra finalmente que el nivel de recursos de que disponga Cataluña "se basará en criterios de necesidades de gasto y teniendo en cuenta su capacidad fiscal".

El Estatuto refleja también el denominado principio de ordinalidad: "El Estado garantizará que la aplicación de mecanismos de solidaridad no altere la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre comunidades".