Por fin, superávit

Entre la información macroeconómica conocida la semana pasada destaca el avance de las cuentas de las administraciones públicas de 2005 y los datos del paro registrado, contratos y afiliaciones de febrero. Este mes es el que suele iniciar el periodo estacional en el que disminuye el paro, que se prolongará hasta agosto, con lo que las autoridades responsables de esta estadística ya pueden respirar tranquilas después de una etapa en la que el paro aumentaba todos los meses. En realidad, como hemos comentado otras veces en esta columna, la forma de publicar y difundir las estadísticas en España no es la más adecuada para que los ciudadanos y los mercados se hagan una idea cabal de la evolución tendencial de los distintos indicadores económicos, que es lo que importa al margen de la estacionalidad o los distintos calendarios laborales. Ello se lograría mucho mejor dando los datos corregidos de estos factores (además de los originales, para que nadie pueda sospechar que hay manipulación), como lo hacen en países con más cultura estadística que nosotros.

Este superávit es el primero que obtiene el sector público en los últimos treinta años

El paro registrado bajó, en términos desestacionalizados, en 6.100 personas en febrero, un 0,3%. No es mucho, pero viene a romper una tendencia ligeramente creciente que se observaba desde el verano pasado, por lo que el dato puede calificarse de positivo. En cuanto a las afiliaciones, el ritmo de variación interanual apenas varió, un 5,5%, cifra que se reduciría a un 2,8% si se depuran las cifras del efecto de la regularización de inmigrantes que se llevó a cabo el pasado año. Esta última tasa es la misma que la del cuarto trimestre del pasado año, lo que sería un indicador de que el ritmo de creación de empleo y el crecimiento de la economía se mantienen casi estables en este comienzo del año.

Las cuentas del conjunto de administraciones públicas de 2005 se cerraron con un superávit de 9.933 millones de euros, un 1,1% del PIB, lo que supone encabezar el ranking de beneficios de las empresas del país. Y eso que están dirigidas por políticos, que si lo fueran por empresarios... Bromas aparte, el dato debe considerarse en la línea adecuada, y no porque el fin del sector público sea obtener beneficios, sino porque la coyuntura de la economía española requiere que éste genere superávit para compensar el exceso de gasto del sector privado, que es la causa principal del elevado déficit corriente frente al exterior, del endeudamiento que nos amenaza y de la inflación que nos hace perder competitividad. Este superávit es el primero que se obtiene en unos 30 años, si bien, eliminando la operación extraordinaria y puramente contable de la asunción de la deuda de Renfe en 2004, ya se hubieran registrado cifras positivas en ese año, como puede verse en el gráfico izquierdo. Al igual que sucede con el crecimiento del PIB, y precisamente muy ligado a ello, sorprende positivamente la evolución del déficit público en España en relación al de la UEM, el cual muestra un deterioro en los últimos años que lo ha llevado a cerca del 3% del PIB (gráfico central). Lo mismo sucede en el caso de la deuda pública (gráfico derecho).

Hay que felicitar, por tanto, a los gobernantes españoles, a los actuales y a los anteriores, por el saneamiento de las finanzas públicas, aunque con un matiz: el superávit se ha obtenido en buena medida gracias a ese patrón tan denostado de crecimiento inflacionista de la economía española. Claro que, lo mismo puede decirse de muchos de los beneficios de las empresas privadas.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).