El delegado del Gobierno identificará los colegios donde se venda droga

El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, ha solicitado la elaboración de un mapa de colegios en los que se trafique con droga o sean punto de reunión de bandas juveniles violentas. Méndez quiere que en su redacción intervengan todos los colectivos sociales, de padres de alumnos, organismos públicos, sindicatos y responsables policiales. Éste será uno de los puntos principales del Consejo Regional de Seguridad, que tienen previsto reunirse hoy.

La propuesta de Méndez se encuadra dentro de la prevención de los riesgos que afectan a los menores en la sociedad actual. Para ello, pretende luchar contra los grupos juveniles de carácter violento y acabar con el tráfico de droga a pequeña escala que se produce en algunos centros escolares de la región.

El mapa de puntos de riesgo servirá para planificar intervenciones concretas y para redactar planes específicos para cada zona. "Las acciones previstas abarcan todo el escenario policial relativo a prevención, disuasión y represión", recoge la propuesta oficial.

Dentro de los objetivos del plan se recoge que la policía patrulle de uniforme y de paisano durante todas las actividades educativas que se desarrollen en el entorno del centro. Además, habrá protocolos de colaboración entre las instituciones responsables y los cuerpos y fuerzas de seguridad. Otro aspecto importante es que se obtenga información sobre las redes que distribuyen la droga al menudeo y que pueden desarrollar su actividad delictiva en torno a los centros escolares.

Centros conflictivos

El programa se extiende a la totalidad de los centros educativos de la región y específicamente a aquellos cuya situación lo aconseje, para lo cual se ha elaborado un primer inventario de centros sobre los que se actuará de forma prioritaria. "Se determinará periódicamente cuáles son los centros conflictivos y se procederá a elaborar las respuestas específicas para los mismos. Además, se establecerán los operativos de prevención e intervención", añade el acuerdo.

El plan supera la acción de la Jefatura Superior de Policía y de la Guardia Civil. Está previsto que en el dispositivo participen todos los sectores relacionados con la enseñanza. Destacan las madres y padres de los estudiantes, los propios alumnos, la dirección de los centros escolares, los profesores y educadores, los sindicatos, los Ayuntamientos, a través de la concejalía correspondiente, y la Comunidad de Madrid.

"De lo que se trata es de adaptar de forma específica los contenidos del programa a la realidad y situación de cada municipio. A esto se unirá la personalización de los contactos entre los responsables del plan y los directores de los centros educativos", según se indica en el proyecto.