Rechazo del Gobierno

La Generalitat pretende regular la prostitución y limitarla a los burdeles. El Gobierno entiende que regular "esa lacra social" es un retroceso, según un informe oficial.

Mientras que el borrador de la ley catalana establece un contrato de arrendamiento de servicios entre quien ejerce la prostitución voluntariamente y su cliente, el informe que el Gobierno encargó al Instituto de la Mujer entiende que el sexo de pago es una "práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática", supone un retroceso en la igualdad real entre las mujeres y los hombres y es un "importante obstáculo para lograr una sociedad en la que las mujeres puedan vivir libres de la violencia de los hombres".

Al debate se han sumado la Red Estatal de Organizaciones contra la Violencia de Género y el Lobby de Dones de Catalunya, que han iniciado una campaña para pedir al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que detenga la iniciativa catalana. La Red considera que "da fundamento a la compra y explotación sexualmente de un ser humano".

Una postura contraria a la de los Verdes, socios parlamentarios del Gobierno, que apoyan a la Generalitat o la del colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas, Hetaira. El informe del Gobierno, aseguran, "está elaborado desde una perspectiva abolicionista que rezuma moralina" y que estigmatiza a las mujeres que ejercen la prostitución por decisión propia.