Simancas dice que la moción de Chinchón rompe el consenso del municipalismo

"Con esta moción [de censura en Chinchón] el PP da por finiquitado el Pacto Antitransfuguismo en España", afirmó ayer el portavoz socialista en la Asamblea regional, Rafael Simancas, tras entregar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una carta de protesta contra la ruptura de dicho pacto.

En la misiva, los socialistas denuncian que el PP ha "conculcado claramente el código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales". También se quejan de que la dirección del PP regional no sólo no ha tomado medidas disciplinarias contra los miembros de su partido en Chinchón, sino que "justifican la presentación de la moción de censura".

Tras recibir el escrito, el presidente de la FEMP, el también socialista Francisco Vázquez (alcalde de A Coruña), lamentó en un comunicado que el PP vulnere el pacto "que firmó el mismo Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas". Y agregó: "Los partidos políticos nos comprometimos a impedir la utilización de tránsfugas para cambiar las mayorías de gobierno en las instituciones".

Vázquez emplazó también al Partido Popular a retirar la moción de censura en Chinchón.

Expulsión oficial

Por otro lado, Isabel Montes, la concejal de la Unión de Independientes Demócratas de Chinchón que ha apoyado al PP en la moción de censura, recibió ayer comunicación por escrito de su expulsión formal del partido. Así lo aseguró uno de los tres miembros de la comisión directiva de esta formación, Javier Recuero. Según éste, la comisión decidió el día anterior por unanimidad la expulsión, que no fue notificada hasta ayer por la tarde, porque el partido decidió consultar previamente con sus abogados.

En el escrito, los independientes acusan a Montes de "asumir impropiamente las funciones de la comisión directiva, cuando ya estaba cesada en dicho cargo y suspendida de militancia". Además, no consideran "válidas las alegaciones presentadas" por Montes.

El partido hizo llegar una copia de la resolución a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, y al secretario general del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados.