Las comunidades del PP dudan sobre la financiación

Esta semana -el miércoles 18- se reúne la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en la que Gobierno y comunidades autónomas discutirán el anteproyecto de la Ley de Dependencia. Las gobernadas por el PP centran sus dudas en la financiación del sistema y en cómo se garantizará la igualdad de las prestaciones en todo el Estado. Los territorios gobernados por el PSOE defenderán en la reunión el modelo financiero propuesto. El Gobierno se ha comprometido a gastar entre 2007 y 2015 un total de 12.638 millones de euros para instaurar el sistema de atención y quiere que las comunidades contribuyan con una cantidad similar.

La consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Alicia de Miguel, cree que la futura ley "no garantiza" la igualdad de los servicios sociales para todos los españoles, y tildó la financiación aparejada a la norma de "insuficiente". Desde Baleares, la consellera de Presidencia, Rosa Puig, situó en 56.000 el número de dependientes que viven en su comunidad en vez de los 26.000 estimados por Trabajo. Por ello opinó necesaria la revisión del presupuesto de 82 millones de euros previsto paralas islas. Castilla y León tildó el texto de "técnicamente muy deficiente y jurídicamente insostenible". La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Rosa Valdeón, cree que la norma recoge una "financiación demencial" en la que las comunidades deberán aportar un 50%, por tanto "todo va a depender de la capacidad económica de cada una". La consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales, Beatriz Elorriaga, consideró el texto del Ejecutivo "una mera declaración de intenciones".

La secretaria general de Bienestar social de la Xunta, María Xesús Lago, recordó que Galicia tiene un 21,3 % de mayores de 65 años y 214.000 personas con discapacidades. Será necesario, dijo, hacer un mayor esfuerzo. Desde Aragón, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo Bandrés, opinó que la ley es "un absoluto acierto, de justicia y de necesidad". En Castilla La Mancha, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, estimó "correcto" que las comunidades asuman la mitad del gasto. Navarra expresó sus dudas respecto a si el proyecto puede entrar "en colisión" con su régimen foral.