Los jueces del tribunal que autoriza las escuchas telefónicas piden explicaciones a la Casa Blanca

Los jueces del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISC, en sus siglas en inglés) no acaban de ver claro por qué el presidente de EE UU asegura con tanta contundencia que no necesitaba autorización judicial para ordenar las escuchas telefónicas que destapó la semana pasada The New York Times. Este tribunal fue a lo largo de más de 25 años el único mecanismo capacitado para autorizar legalmente la intervención de llamadas telefónicas cuando existía la sospecha de que hubiera terroristas planeando atentados contra EE UU. Ayer, The Washington Post informaba de que la presidenta de dicho tribunal, la juez Colleen Kollar-Kotelly, había decidido organizar una serie de charlas para que sus colegas expresen las dudas que tienen y que los miembros de la Administración se las despejen.

¿Por qué cree la Administración que es legal escuchar las llamadas privadas de los ciudadanos y leer sus correos electrónicos sin una orden?, se preguntan varios jueces citados por el Post. Unos jueces del tribunal de espionaje se mostraron preocupados por el hecho de que la información obtenida por las escuchas ordenadas por George W. Bush haya sido usadas posteriormente de manera inadecuada para obtener autorización por parte de este tribunal para interceptar otras líneas telefónicas.

Ayer se rebelaba Kollar-Kotelly. Pero el día anterior, uno de los 11 jueces del FISC, James Robertson, presentaba su dimisión en protesta por la conducta de Bush, que el fin de semana reconocía haber ordenado las escuchas. Jueces contactados por el Post aseguraban que no planean dimitir, pero sí reclamar información sobre la iniciativa presidencial. Kollar-Kotelly envió el lunes un correo electrónico a sus colegas del tribunal informándoles de que, probablemente el próximo mes de enero, tendrán un encuentro secreto en Washington con altos cargos de la Agencia Nacional de Seguridad y el Departamento de Justicia. Los jueces reclamarán que pruebe que anteriores grabaciones no fueron también obtenidas de manera poco rigurosa. Otro juez del FISC sugirió la posibilidad de que se desmantelara el tribunal a la vista de que el presidente tiene el poder para obviar la autoridad de esta corte.