Un nuevo intento de relegar el castellano

A primeros de año, la Comisión Europea ya intentó infructuosamente reducir el número de lenguas habladas en la sala de prensa y relegar el español a la segunda división lingüística con el argumento de racionalizar la babel comunitaria. Aquel golpe fue evitado in extremis (la interpretación del español desapareció durante algún tiempo) y a raíz del incidente, Madrid prometió un plan de choque para potenciar en las instituciones comunitarias la presencia de la lengua española, segunda lengua internacional del mundo.

De aquel plan no ha vuelto a haber noticia porque todos los esfuerzos lingüísticos del Gobierno han estado volcados en conseguir que las lenguas cooficiales españolas sean usadas en las instituciones de Bruselas. Hace unos días se firmó el acuerdo y se habló de gran éxito político con muy poco coste monetario: apenas un millón y medio de euros anuales.

Ministros y secretarios de Estado han pasado todo el año por Bruselas, además de hacerlo en los Países Bajos, durante la presidencia holandesa de 2004, y en Luxemburgo, luchando por convencer a las autoridades comunitarias de la oportunidad y necesidad de sumar a las 20 lenguas oficiales de la Unión el uso en determinadas circunstancias de las lenguas vernáculas españolas.

Fue un proceso "largo y laborioso", en palabras de Miguel Ángel Moratinos, que acabó por ser aceptado por las instituciones porque lo consideraban un problema hispano-español, expresión que se usa en la capital de Europa para indicar que un asunto es algo ajeno a la Unión. Fue también aceptado, pese a las resistencias de alguno a abrir la caja de Pandora de las lenguas, porque el Gobierno español se comprometió a correr con los gastos.

Los presidentes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia y un representante del Gobierno vasco hablaron en sus respectivas lenguas el pasado día 16 en el acto de firma que reconocía su uso en el Comité de las Regiones.