El Gobierno demolerá la mayor parte del hotel del cabo de Gata

Medio Ambiente afirma que expropia el terreno porque "pertenece a los ciudadanos"

El Ministerio de Medio Ambiente anunció ayer el inicio "de forma inmediata" del expediente de expropiación de los terrenos afectados por el hotel que se construye en una playa del parque natural del cabo de Gata-Níjar (Almería). El Gobierno afirmó que la zona "pertenece a todos los ciudadanos", y anunció que demolerá la mayor parte del hotel. El alcalde socialista de Carboneras, el pueblo en el que está el hotel, dijo que la decisión "cercena el futuro turístico" del pueblo.

El ministerio insistió en que la delimitación del dominio público marítimo terrestre no es una agresión a la construtora ni al ayuntamiento. El ministerio señaló en un comunicado que se trata de un trámite habitual para determinar "los bienes con las características de la Ley de Costas y que, por tanto, pertenecen a todos los ciudadanos y que tutela el Ministerio de Medio Ambiente".

El Gobierno aseguró que aunque el deslinde fue publicado en el BOE el pasado 17 de noviembre comenzó a tramitarlo en 1995. El deslinde es el trámite que delimita la zona pública de costa y sin él no se puede sancionar la ocupación indebida. En España faltan por deslindar casi 3.000 kilómetros de los 10.000 kilómetros de litoral pese a que la ley es de 1988.

El director general de Costas, José Fernández, señaló que la expropiación está justificada "por tratarse de un paraje natural, la importancia del edificio y por ser reciente". Fernández añadió que la expropiación, la demolición y la recuperación de la zona se han decidido "sin entrar a opinar sobre la legalidad del edificio". La construcción cuenta con licencia de obra del ayuntamiento del PSOE y la Junta de Andalucía (también del PSOE) siempre ha dicho que es legal.

El administrador de la constructora, Fernando Cabezón, dijo que la empresa Azata sopesa recurrir la decisión y afirmó que el anuncio del Gobierno es sólo una declaración de intenciones. El alcalde de Carboneras, Critóbal Fernández, (PSOE) criticó la decisión: "El proceso será largo, pero el perjuicio a Carboneras, inmediato. Van a por nuestro pequeño crecimiento y han cercenado el futuro del pueblo".

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