La valla no basta

La valla fronteriza de Melilla fue la madrugada del lunes nuevamente escenario de otro masivo intento de asalto de inmigrantes clandestinos subsaharianos. Esta vez incluso superior al de días atrás: cerca de 700, de los que lograron entrar en España unos 300. Lo más notable es que se produjo en una de las zonas donde la alambrada se ha elevado hasta seis metros. Los asaltantes iban provistos, como de costumbre, de las rudimentarias escaleras ya conocidas, aunque no se sirvieron de ellas. Cortaron la malla y, con palos, piedras y hasta mordiscos, se abalanzaron, con una ferocidad fruto de la desesperación, contra los agentes de la Guardia Civil en busca de El Dorado español. Afortunadamente, esta vez no hubo muertos, pero nadie puede pronosticar que no los haya cuando vuelvan a intentarlo.

Resultaba ingenuo creer que la cumbre hispano-marroquí del pasado 29 de septiembre en Sevilla fuera a desactivar una situación algo más que coyuntural (derivada del descenso del número de pateras) y que no puede ser resuelta sólo con buenas palabras por parte de Rabat, de algunas cataplasmas dinerarias de Madrid y, menos aún, con arriesgadas y polémicas decisiones como la del traslado de más de 600 soldados, no adiestrados en prácticas antidisturbios, para reforzar la labor de la Guardia Civil y que permanecerán en las fronteras de Ceuta y Melilla durante un tiempo indefinido. Ni el mayor despliegue de fuerzas españolas ni la llegada de otros 1.600 gendarmes marroquíes han disuadido a la masa de desesperados.

El problema rebasa lo puramente bilateral. Así parece haberlo comprendido Zapatero al solicitar ayuda a la UE para que envíe urgentemente una misión a Marruecos con el fin de señalar, en cooperación con las autoridades de ese país, áreas concretas de actuación. La frontera argelino-marroquí es un coladero del que Rabat se queja con razón y que exigiría una presión de la UE sobre Argel. No es cuestión de dudar de la sinceridad del primer ministro marroquí, Driss Jettu, cuando declara que tiene el mismo interés que España en controlar el flujo de clandestinos, pero es hora de que cumpla lo estipulado en el convenio bilateral firmado con Madrid en 1992 sobre repatriación de indocumentados y ataje las connivencias de parte de su Administración con las mafias. También merece una reflexión la norma que asigna a los asaltantes un certificado de expulsión que nunca se ejecuta. De Bruselas hay que esperar, por último, que no haya más dilaciones en la firma del acuerdo de readmisión de inmigrantes irregulares con Marruecos que se negocia desde hace dos años. No solucionará del todo el asunto, pero al menos lo encauzará con más sensatez.