Yagüe, dispuesta a gobernar en minoría tras la salida de los ediles andalucistas, que forzará antes del día 30

El pacto permitiría a los ediles andalucistas dar su versión de los hechos, arreglar sus asuntos y finalmente dimitir antes del día 30. De lo contrario, Yagüe procedería a su destitución, como publicó ayer La Opinión. Al término del encuentro, la alcaldesa dijo a los medios de comunicación que había exigido a sus socios depurar responsabilidades en sus filas.

Pero las declaraciones de los andalucistas el viernes parecen haber acelerado todo el proceso. Según fuentes municipales, a Yagüe no le ha gustado nada que adujeran que todo era un rumor y que respondía a una campaña contra ellos. Los concejales del PA negaron también las acusaciones de 20 trabajadores, que aseguraron a la comisión de investigación integrada por la tránsfuga del PSOE, Isabel García Marcos, y el delegado de Personal, José Luis Fernández Garrosa, haber recibido coacciones a cambio de renovar contratos.

La dimisión el viernes de dos cargos de confianza de los andalucistas, el gerente de la empresa de limpieza Juan Lara, y el responsable de comunicación del partido, Pablo Núñez, no han puesto fin a la crisis. "El proceso de responsabilidades no ha hecho más que empezar", apuntó la regidora en un comunicado, en el que añadía que no descartaba "cesar a algún concejal de manera fulminante".

La destitución de sus socios dejaría en minoría a Yagüe, que pasaría de 16 a 13 ediles en una corporación de 27. Pero la alcaldesa parece dispuesta a gobernar así. Los tres concejales del grupo mixto D y antiguos compañeros del GIL, ahora integrados en el Centro Andaluz Independiente (CAI), se ofrecieron la pasada semana a dar apoyos puntuales a la alcaldesa. Sus componentes, Javier Lendínez, Carlos Marín y Emilio Jorrín, ya apoyaron la postura de Yagüe sobre el PGOU, aunque votaron en contra de los presupuestos.

Las desavenencias entre el andalucista Carlos Fernández y varios miembros del equipo de gobierno no son un secreto. La regidora está imputada por un presunto delito de prevaricación en el caso Bohemian, en el que Fernández declarará como testigo de la acusación. Éste, a su vez, comparecerá por un delito de apropiación indebida, con el edil Tomás Reñones como testigo de la acusación.