El alcalde de La Torre atribuye el incendio a la presión urbanística

"No es la primera vez que alguien intenta quemar la sierra de La Grana", afirmó ayer el alcalde de La Torre de les Maçanes, Pau Torregrosa, del Bloc, tras el incendio que arrasó el pasado miércoles al menos 165 hectáreas y obligó a desalojar a casi una veintena de vecinos. "Este territorio está bajo una fuerte presión con muchos intereses urbanísticos", afirmó el primer edil.

Torregrosa sostiene que el incendio del miércoles obedece a la oscura intención de "convertir la sierra de la Grana en un lugar de especulación". Muy próxima a esta zona fue denegada a mediados de julio la construcción de un área residencial de 700 chalés de lujo. El proyecto no sólo contó con el rechazo de la corporación municipal, gobernada en coalición por el Bloc y el PP, sino por los vecinos, que se manifestaron ante el pleno municipal. La escasez de agua fue argumento de peso para el rechazo.

El secretario general del Bloc, Enric Morera, agregó que en los últimos años los municipios de la provincia de Alicante y no sólo los del litoral sino también los de interior, "están siendo objeto de presión urbanística". Para evitarlo, el Bloc pedirá formalmente que las sierras de La Grana y Cabeçó d'Or sean declaradas parque natural. "Éste es el mejor mecanismo para garantizar que nuestras montañas queden preservadas".

Sobre la extensión del incendio el diputado de L'Entesa por Els Verds, Carles Arnal, aseguró que mientras el Gobierno autonómico había cifrado en 165 las hectáreas quemadas, "otras fuentes bien informadas, aunque no oficiales" calculan que "la superficie quemada alcanza las 400 hectáreas". Arnal señaló que este dato lo ha extraído de las conversaciones con distintos agentes forestales que han intervenido en la extinción del fuego y precisó que habrá que esperar a que concluyan todas las labores para dar una cifra más objetiva.

Los bomberos continuaron trabajando durante la jornada de ayer en la zona quemada para extinguir el fuego. Los 24 vecinos que fueron desalojados de manera preventiva también volvieron a sus casas una vez pasado el peligro.

La polémica quedó servida de nuevo en materia de incendios, de extinción y de protección de los espacios protegidos. Los socialistas reiteraron su propuesta de unificar la gestión de los efectivos que actúan en la lucha contra el fuego. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, rechazó ayer la propuesta: "Vamos bien como vamos", dijo. Y añadió que en el último lustro los incendios han arrasado una media de 4.000 hectáreas al año mientras que entre 1990 y 1995, bajo gobierno socialista, el promedio anual de territorio quemado alcanzaba las 40.000 hectáreas.

Otro frente en la polémica política sitúa el municipio de Serra y la sierra de La Calderona en atención prioritaria después de que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) denunciara la celebración de un castillo de fuegos artificiales en el municipio, junto a una ermita, en pleno paraje protegido. Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, rechazó ayer tales prácticas, advirtió de la obligatoriedad de cumplir tanto el decreto nacional -aprobado tras el incendio de Guadalajara- como la normativa autonómica, que en ningún caso permite fuegos artificiales a menos de 500 metros de un espacio protegido. La Generalitat investigará lo ocurrido en Serra.