Ahorro energético

Era ya hora de que el Ministerio de Industria aprobase un plan de ahorro energético. Nada justificaba el retraso en articularlo, porque el precio del petróleo está creciendo prácticamente fuera de control y la oferta de energía eléctrica puede sufrir las consecuencias de la ausencia de inversiones en las redes de distribución y de la escasa producción hidroeléctrica a consecuencia de la sequía. Pero incluso sin esas condiciones extremas, la economía española necesitaba de un plan de eficiencia energética, precisamente porque la producción española despilfarra energía y su dependencia del petróleo importado es muy elevada, más que la de otros países de nuestro entorno.

El Plan de eficiencia que aprobó ayer el Gobierno pretende atajar estos problemas a corto y medio plazo (2005-2007) mediante un conjunto de medidas -veinte disposiciones urgentes que afectan a siete sectores- encaminadas a reducir el consumo de energía privada en un 8,5% durante ese periodo y rebajar la dependencia del petróleo en un 20%. El plan se ejecutará con una inversión de 7.926 millones de euros, financiados con recursos privados y públicos, que en teoría serán recuperados en forma de menos importaciones de petróleo o gas antes de 2012. El mayor volumen de ahorro previsto se concentra en el transporte.

Nada de lo que se expone en el plan es superfluo o incorrecto. Desde luego que se puede ahorrar energía en el transporte en las empresas con más de 200 trabajadores o que las lámparas de vapor de sodio en el alumbrado público -a veces todavía conectado a plena luz del día- recortarán el gasto de electricidad. Las medidas, como suele decirse, van en la buena dirección y, en todo caso, mejoran considerablemente las desaliñadas disposiciones de Gobiernos anteriores. Ahora bien, el plan sólo tendrá éxito si se aplica con voluntad política y vigilancia pública continuada. En otras palabras, dependerá en primer lugar de los estímulos que encuentren las empresas para pagar la parte de sus inversiones en ahorro -no se olvide que los pagos suceden en tiempo presente, y los ahorros, en el futuro-, estímulos que incluyen, por supuesto, la capacidad del Gobierno para convencer de que sus medidas son útiles y rentables.

Pero el éxito también deberá medirse en función de la fuerza disuasoria de las autoridades públicas para evitar los incumplimientos, incluidos los oficiales, o posibles fraudes en un país manifiestamente despilfarrador y con muy poca cultura de conservación energética. Organizaciones ecologistas han criticado ya por blando el proyecto del Ministerio de Industria, a la vez que señalan que la conjunción entre la excepcional sequía y el gran aumento de la demanda energética multiplicará las emisiones españolas de dióxido de carbono. Las normas funcionan siempre con razonable perfección sobre el papel, pero resultan costosas de desarrollar o son papel mojado en la práctica, sobre todo en sociedades como la nuestra, que no están acostumbradas al ahorro voluntario y tienden a interpretarlo como racionamiento.