Ante un injusto desahucio

Tras leer la carta de la anciana María Hernández Ruiz (El PAÍS del 1 de julio) y consultar con los expertos, compruebo con consternación que su caso de desahucio no entra en el apartado de consumo y tampoco puede considerarse mobbing inmobiliario, pero sí se trata de un asunto que requiere ética social para resolverlo. Es una situación -gracias por su entereza al denunciarlo- que, como las guerras, el hambre y las sequías, pensamos que nunca nos tocará.

Una posible solución sería ponerse en contacto con alguna de las siguientes entidades: la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Barcelona, el Patronato de la Vivienda, la Plataforma Pro-Habitatge Digne, y, cómo no, con los asistentes sociales de su distrito y con Bienestar y Familia de la Generalitat, porque lo que no puede esperar -ojalá me equivoque- es que los responsables políticos y los técnicos de estos departamentos actúen de oficio, que es lo que debiera suceder en el momento en que se hacen públicos atropellos como éste.

Espero que alguna de estas opciones la oriente y que el tiempo que pone a cada uno de nosotros en su lugar, le ayude a entender que su administrador la engañó y que su casa, si Dios no lo remedia, y creo que no lo remediará, se convertirá en un piso de superlujo, alquilado por semanas o días hasta que, bien amortizado, se caiga a trozos.

¿Para quiénes son útiles las plataformas, organismos públicos, asociaciones, entidades y foros que plagan Barcelona, cuando una anciana lanza un SOS a través de las cartas al director del periódico.