Los sindicatos pronostican el colapso de los juzgados contra el maltrato
Un protocolo detalla la coordinación entre la policía y los jueces
Los sindicatos creen que los 17 nuevos juzgados especializados en violencia machista se colapsarán debido a que son insuficientes para atender todos los casos denunciados. También consideran que arrancan sin medios y que carecen de personal especializado.
UGT, CC OO y CSI-CSIF pronostican que esa saturación afectará los otros 419 juzgados que también se harán cargo de los casos de maltrato, al compartir dichas funciones con las de primera instancia e instrucción. Los sindicatos alegan que no se ha previsto un incremento de medios de las fuerzas de seguridad, ni la creación de juzgados de lo Penal especializados, ni más plazas de abogados de oficio y fiscales ni médicos forenses.
Al estreno de los 17 juzgados con dedicación exclusiva a la violencia de género se une la implantación de un protocolo elaborado, entre otros, por el Ministerio del Interior y la Fiscalía del Estado, detalla cómo deben actuar los cuerpos policiales frente a los casos de violencia machista.
El texto fija una atención preferente en la asistencia y la protección, y aboga por aumentar la presencia de funcionarios especializados en todas las unidades que propicien una comunicación fluida, rápida e individualizada con la víctima. También hace hincapié en la agilización de todos los procesos y comunicaciones entre la policía y los jueces para adoptar medidas con celeridad.
El protocolo incide en la importancia de la recogida "inmediata y exhaustiva" de todo tipo de información a través de la denuncia y del atestado policial. Ésta se unirá a los datos aportados por la autoridad judicial y los facilitados por los servicios sociales y oficinas de atención a las víctimas para realizar "un examen individualizado de la situación de riesgo".
A partir de ahí se determinarán las medidas de protección, entre las que se encuentran la protección personal, que podrá extenderse hasta las 24 horas, y, si la situación lo aconseja, la detención y puesta a disposición judicial del presunto maltratador. También recomienda un alejamiento mínimo de 500 metros. En caso de burlar la orden de alejamiento, el juez puede dictar su encarcelamiento.
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