La razonable sacudida

"Hoy día no hay que creer que todo es verdad. Hay que creer que todo es necesario", le dice un sacerdote al protagonista de El Proceso. Vemos las cosas como las vemos no porque sean verdad, sino porque es necesario que las veamos así. El periodismo, lamentablemente, en Estados Unidos como en Europa, está lleno de "necesidades", pero, de vez en cuando, se da una buena sacudida y vuelve a sus raíces: cuenta no lo que es necesario sino lo que es verdad, se afana en no creer la experiencia común y busca lo que la contradice.

El resultado suele ser magnífico. La última prueba son los reportajes del New York Times, publicados ayer en este periódico, sobre la común creencia de que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, el lugar del mundo donde menos cuenta la procedencia y más el mérito. Se lo creen en Estados Unidos y nos lo creemos en Europa, pero resulta que no es verdad. Al final, explica el NYT, el éxito está ligado estrechamente a la educación y a la salud, y educación y salud siguen ligados a la clase social. Los padres con dinero, educación y contactos cultivan la educación y los buenos hábitos de sus hijos. "Y después, cuando éstos tienen éxito, se dice que se lo han ganado", comentan con ironía los periodistas Janny Scott y David Leonhardt.

La cosa es que haber nacido pobre en Estados Unidos es bastante peor que haber nacido pobre en Europa Occidental, Japón o Canadá. Es en Europa, con su sistema de educación pública y su seguridad social, donde existe más movilidad y donde las clases sociales marcan algo menos el futuro de los individuos.

Es curioso comprobar la cantidad de cosas que los ciudadanos y los medios de comunicación damos habitualmente por ciertas y sabidas y que, en realidad, no son verdad. Algunas son trascendentes, pero incluso las que no lo son, merecerían una sacudida y un poco de escepticismo crítico.

Por ejemplo, siempre se ha dicho que la Iglesia católica tiene una gran influencia en el País Vasco, pero en realidad, según los datos del CIS, los vascos están diez puntos por debajo de la media española a la hora de declararse católicos. Y las estadísticas del Ministerio de Educación indican que los padres vascos que envían a sus hijos a la escuela pública en primaria son quienes menos reclaman formación religiosa. No llegan al 40,5%, frente al 74,7% que la solicita en Madrid o el 84,8% en Asturias. En bachillerato, las cosas cambian algo, pero no porque los padres vascos rectifiquen su criterio (sólo reclama clase de religión un 34,2%), sino porque el bajón es espectacular en otras comunidades: en Madrid, por ejemplo, la demanda de religión en los institutos pasa a ser del 23,3% y en Asturias, del 27,7%. El récord lo tiene Baleares, que salta del 64,4% al 10,2%.

Tampoco es verdad que los menores marroquíes inmigrantes sean los que más delinquen en España. Por lo menos, no es así según los datos del estudio que ha realizado en Málaga el Instituto Andaluz de Criminología. Allí se demuestra que el número de delitos que cometen los adolescentes de 14 y 15 años marroquíes es muy semejante al que cometen los jóvenes procedentes del Reino Unido. Los muchachos turistas británicos roban tanto como los adolescentes inmigrantes marroquíes. Lo que pasa es que luego regresan a su país y ya no figuran como reincidentes.

No es cierto tampoco que Navarra sea la única comunidad en la que la sanidad pública se niegue a practicar abortos y en la que se desvíe regularmente esos casos a clínicas privadas, pagando eso sí, sin rechistar, las consiguientes facturas. Lo mismo sucede en Andalucía, una comunidad que presiden los socialistas desde que se constituyó como tal, en 1981, y en la que una red sanitaria de más de 30 hospitales es incapaz de prestar ese servicio. Ni tan siquiera es cierto que los Gobiernos navarro o andaluz estén obligados a hacer lo que hacen porque todos los ginecólogos andaluces o navarros se hayan declarado objetores de conciencia. De hecho, no existe una lista de médicos objetores. Simplemente, los dos Gobiernos se plegaron en su día a las presiones de quienes no querían que la sanidad pública prestara ese servicio médico. Sin más. solg@elpais.