El sentido común más allá de la ley

En relación con el editorial Seguro verde de EL PAÍS del 23-5-2005, hemos de mostrarnos, en general, de acuerdo con sus planteamientos y con las intenciones del Gobierno en estos asuntos; pero como se menciona el caso del desastre de Aznalcóllar, no podemos quedarnos impasibles sin hablar de las nuevas explotaciones mineras que se están poniendo en marcha en Extremadura y Andalucía, bien cerca de donde se produjo aquel accidente minero. Nos referimos concretamente a las minas de Aguablanca, en Badajoz, y de Las Cruces, en Sevilla. Se ve que, más allá del dinero gastado y de los esfuerzos para recuperarlo, la experiencia no les ha valido de nada a algunos de nuestros políticos. Las nuevas propuestas normativas suenan a flautas celestiales mientras el sentido común de los gobernantes no se haga mínimamente presente.

Con las actuaciones ya realizadas en Aguablanca, propiedad de la multinacional norteamericana Río Narcea Goldmines, se está demostrando la actitud profundamente irrespetuosa con la legislación estatal y autonómica, no sólo medioambiental, de esta empresa (en connivencia con la Administración autonómica de Extremadura). Por resumir brevemente algunos indicios de lo que se avecina, mencionaremos las obras que desde hace aproximadamente dos años se realizan en el área sin la preceptiva licencia municipal, donde ya se han destruido más de cien hectáreas de dehesas y bosques (unas 9.000 encinas arrancadas, muchas de ellas centenarias).

Tras la resolución municipal que exigía la detención de las obras, los trabajos continuaron, lo que fue y aún es un caso claro de desobediencia por parte de la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado recientemente a la empresa por este asunto. Las ilegalidades cometidas continúan con el corte y ocupación de una vía pecuaria o con las extracciones de aguas que están siendo almacenadas en una gran balsa en la finca de Aguablanca que, creemos que en buena lógica, carece de autorización por parte de la confederación hidrográfica del Guadalquivir para utilizar los 375 millones de litros anuales implicados, dado que es una cuenca deficitaria y se amenazan de nuevo como entonces los cauces públicos con aguas contaminadas, con la agravante en este caso de tratarse de ríos que abastecen de agua potable a la ciudad de Sevilla.

Todo esto nos tiene completamente perplejos y nos hace dudar de la voluntad de nuestros políticos, que deberían dejar de amparar y subvencionar a los contaminadores como hasta ahora han hecho (esta empresa ha recibido 1.100 millones de pesetas de subvenciones de fondos de incentivos regionales). ¿Qué sentido tiene subvencionar una actividad tan contaminante? ¿De qué nos puede servir la legislación ante este cúmulo de irresponsabilidades privadas y públicas? ¿Cómo protegernos ante clamorosos errores políticos previos a los daños? ¿Habría también alguna ley contra ellos?