La fiscalía archiva la investigación de la casa del alcalde de A Coruña

La Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia decidió ayer archivar las diligencias informativas abiertas sobre las presuntas irregularidades en la compra de una casa por la familia del alcalde de A Coruña, el socialista Francisco Vázquez. La oposición había denunciado que el alcalde había adquirido en 1997, por 780.000 euros, un edificio en el casco histórico de la ciudad con protección urbanística integral que sólo podía dedicarse a uso público. La normativa municipal rebajó posteriormente el nivel de protección y de uso, con lo que el inmueble pasó a tener un valor en el mercado de unos siete millones de euros, según las denuncias de la oposición. La fiscalía había abierto una investigación de oficio sobre la operación, que ahora archiva "por no apreciar indicios de criminalidad".

El decreto de archivo dictado ayer por el fiscal especial de delitos contra el patrimonio, Antonio Roma, concluye que "desde el punto de vista jurídico penal, que es el exclusivamente reservado a la intervención del ministerio fiscal", no se dan los presupuestos para dos supuestos delitos analizados: uno contra los consumidores y otro de prevaricación.

El delito contra los consumidores exigiría verificar la existencia de una información privilegiada sobre los cambios en la normativa urbanística, que se desestima porque, aunque la modificación de protección, edificabilidad y uso fue aprobada en 1998, el proceso se había iniciado en 1993 y tuvo periodos de información pública que impiden "que esa información reciba desde el punto de vista jurídico-penal el adjetivo de 'privilegiada", reza el texto judicial.

Las mismas razones de que la modificación del planeamiento se inició en 1993, tal y como ya había esgrimido Vázquez en un pleno que convocó para debatir el asunto, sirven al fiscal para establecer que tampoco hubo un delito de prevaricación, el de dictar una resolución de forma arbitraria para beneficiar a una persona o grupo.

Vázquez pidió ayer la dimisión de los portavoces municipales del PP, Fernando Rodríguez Corcoba, y del BNG, Henrique Tello, por la "campaña de difamación de su persona".