El PSOE ultima un proyecto para reformar la ley de financiación local

El PSOE pretende que los ayuntamientos no computen como déficit el gasto urbanístico derivado de la compra de suelo que se destine a vivienda protegida. Así lo señaló ayer el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, que explicó que la medida se incluirá en un "ambicioso proyecto de reforma de la ley de financiación local" que su partido está ultimando y que servirá para impulsar la política de vivienda. Cuesta aclaró que la propuesta pretende que no se "penalicen los esfuerzos de la Administración a la hora de promover vivienda protegida".

El representante socialista en materia de vivienda aseguró que su partido busca reforzar el protagonismo de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en materia de vivienda. Pero aclaró que "no se puede hablar de competencias sin hablar de financiación local". Por eso, otra de las medidas que se incluirán en el proyecto de reforma de la ley de financiación local consiste en dotar de mayor competencia a los ayuntamientos a la hora de decidir qué suelo es urbanizable.

Los socialistas también contemplan incrementar las cesiones gratuitas de suelo a los ayuntamientos (ahora los promotores tienen que ceder a las corporaciones locales un 10% del suelo que se va a urbanizar) para construir viviendas protegidas y elevar la participación de los ayuntamientos en algunos impuestos.

Todas estas medidas persiguen reducir la dependencia de los municipios de los ingresos obtenidos por la venta de suelo. Cuesta añadió que su partido velará por mejorar la gestión del suelo y evitar malas prácticas en su gestión. Para ello, los socialistas propondrán que los ingresos que se obtengan de la venta de suelo público se inviertan en exclusiva a desarrollar políticas públicas de vivienda.

La intervención de Cuesta se produjo en un acto para hacer balance de las actuaciones del Gobierno en materia de vivienda. La Secretaría de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, incidió en "la cooperación transversal" entre los ministerios y la necesidad de potenciar las relaciones con las comunidades y los ayuntamientos.