Otra batalla para Greenpeace

El 14 de marzo de 2003, dos días antes de la foto de las Azores, mientras miles de personas se manifestaban contra la inminente guerra de Irak, cinco activistas de Greenpeace fueron detenidos por protestar contra la contienda a bordo del Rainbow Warrior entorpeciendo la salida de buques de la base militar de Rota (Cádiz) hacia Bagdad. El juicio comenzará mañana, en el Juzgado número 1 de Cádiz. El fiscal solicita penas que suman casi 12 años de cárcel.

El asunto tiene movilizada a la ONG, ya que es la primera vez que se enfrenta en España a penas de prisión. En otros países, acciones similares en las que Greenpeace intentaba impedir la salida de barcos rumbo a Irak se han saldado con sanciones económicas. La organización ha recibido el apoyo de 75.000 personas, muchas del mundo de la cultura, y de 40 organizaciones; 24.000 personas se han autoinculpado y han firmado debajo de la frase "yo también protesté contra la guerra, yo también quiero ir a la cárcel".

"Sabía que lo que hacía estaba prohibido, pero no pensaba en penas de cárcel", dice una de las acusadas

Los acusados, que están en libertad, son los españoles Carlos Bravo, de 44 años, biólogo y responsable de energía y desarme de Greenpeace desde 1991, y Maite Ambrós, de 29 años, ingeniera agrónoma y voluntaria de la ONG. También están encausados el capitán del barco, Daniel Rizzotti, italo-argentino; el técnico de comunicaciones Lawrence Martin, estadounidense, y Philip Walter, neozelandés.

El Rainbow Warrior llegó a Cádiz el 11 de marzo de 2003. El 14, según el escrito del fiscal, Julián Sánchez, "fondeó en la zona de seguridad [de la base militar], lugar en el que se encuentra prohibido realizar tal maniobra". Sin embargo, Carlos Bravo afirma que sólo atracaron "en la zona de fondeo restringido, donde pueden navegar embarcaciones, pero no anclar". "De hecho, pudieron entrar varias fragatas de la OTAN porque el Warrior es un barco pequeño. Fue un bloqueo simbólico", asegura.

Una vez allí, Maite Ambrós y Lawrence Martin decidieron ir en una lancha hinchable hacia una barrera flotante para colocar una pancarta. Allí fueron detenidos. El fiscal pide para ellos, por desobediencia, nueve meses de prisión. "Sabía que lo que estaba haciendo estaba prohibido, pero jamás pensaba en penas de cárcel", asegura Ambrós.

Hacia las siete de la tarde, la Guardia Civil abordó el barco, según el fiscal, "para conseguir que el capitán levantase anclas, viéndose contestada con una negativa tajante del capitán". Los ecologistas afirman que sólo pidieron tiempo para hablar con sus asesores legales. "El problema", afirma Bravo, "es que la orden no decía que si no obedecíamos seríamos abordados", como sucedió hacia las 23.30, cuando los agentes remolcaron el barco alpuerto de Cádiz. La tripulación, formada por unas 30 personas, bajó a los camarotes por una trampilla. Entonces se produjo uno de los momentos más confusos. Mientras el fiscal afirma que Bravo y Walter hicieron "fuerza para cerrar" la escotilla, "presionando con ella" a dos agentes, Bravo asegura que él no bajó a los camarotes y que vio cómo los guardias se hacían daño cuando, al intentar abrirla, como es muy pesada, se les cayó en los pies. "Se lesionaron en el ejercicio de su trabajo. Nosotros somos pacifistas. No agredimos a nadie".

El fiscal pide cuatro años de prisión para Daniel Rizzotti y tres para Carlos Bravo y Philip Walter por desobediencia, resistencia grave y lesiones. La defensa pide la libre absolución.

Bravo afronta el juicio con preocupación. Su compañera española en el banquillo está más tranquila. "No me importa ir a la cárcel porque la lucha contra la guerra mereció la pena", dice convencida.