¿Inviolabilidad parlamentaria o patente de corso para calumniar?

El diputado del Partido Popular Vicente Martínez-Pujalte aportó ayer su broche, quizá no el definitivo, a los trabajos de la comisión de investigación sobre los atentados que el 11-M costaron la vida de 191 personas, con una metáfora que remata la conducta del PP a lo largo de casi un año de trabajo. Esa metáfora, que imputa a su adversario político, el PSOE, la aplicación a la comisión de métodos de sedación similares a los que, según el diputado, provocaron las muertes en el hospital Severo Ochoa de Leganés, lleva a preguntarse si en ciertas ocasiones cabe tolerar que la inviolabilidad parlamentaria sea una patente de corso para calumniar. Un procedimiento que degrada a la profesión política.

Mas allá de la última provocación, la mayoría de la comisión puso punto final al teatro. El pleno del Congreso de los Diputados votará el 30 de junio, el último día hábil del curso parlamentario, las conclusiones, previamente aprobadas el 22 de junio en comisión.

La comisión debió, ya hace tiempo, haber votado el dictamen y el pleno a continuación. Pero el PP, con ayuda de los intelectuales que le han aportado la presunta materia gris, siguió el guión de escenificar ante sus propios votantes la farsa según la cual, mira por dónde, la única fuerza que quería investigar y llegar al final de la verdad era... el PP, sólo el PP y nadie más que el PP.

Que se haya dejado la votación para el último día de sesión del Parlamento tiene una carga irónica. La lectura de que los diputados han dejado para el final un asunto capital de la vida política y social es inevitable.

Pero hete aquí que, en esta ocasión, el PP expresó su intención de que era mejor celebrar la votación antes del 19 de junio. ¿Broma? Ayer, cuando el presidente de la comisión, Paulino Rivero, informó de que ya había hablado con el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, y que se había bloqueado la fecha del 30 de junio para someter el dictamen al pleno del Congreso, Martínez Pujalte dijo que le parecía tarde, y sugirió por qué no celebrar el debate antes del del 19 de junio. La mayoría no tardó en invocar las elecciones gallegas para descartar la sugerencia. El comisionado popular no insistió, pero sugirió, también, que las reuniones del 8 y del 22 de junio para presentar conclusiones y votarlas en comisión, respectivamente, se hicieran públicas. Basándose en el antecedente de Gescartera, se acordó que el 22 de junio el debate será público.

Si se toma en serio el calendario propuesto por Martínez-Pujalte -lo que, sin duda, no es nada obligatorio-, daría la impresión de que el PP intenta seguir exprimiendo la comisión del 11-M como un limón hasta el último minuto a fin de reasegurar a sus militantes y votantes sobre su condición de víctima de una conspiración política.

O, según se mire, para manipularles hasta el final.