El Constitucional frena el intento de Castilla y León de 'blindar' el Archivo de Salamanca

El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno central contra dos normas aprobadas por las Cortes de Castilla y León que pretenden "blindar" el Archivo de Salamanca y acordó su suspensión provisional.

La Sección Cuarta de dicho tribunal admitió los recursos del Gobierno en sendas providencias en las que se da al Congreso, al Senado, a la Junta y a las Cortes de Castilla y León 15 días para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.

Dado que el Gobierno invocó en sus recursos el artículo 161.2 de la Constitución (que le permite suspender temporalmente normas autonómicas que recurre ante el TC), el Tribunal decreta efectivamente la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados. De acuerdo con la Constitución, esta suspensión de las normas autonómicas, que es automática una vez que la pide el Gobierno, tiene una vigencia máxima inicial de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, el TC deberá decidir si mantiene la suspensión hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse varios años, o permite su aplicación hasta entonces.

El pasado mes de diciembre, las Cortes castellano-leonesas aprobaron dos normas por las que se incluía a todos los archivos históricos estatales con sede en la comunidad dentro de la red autonómica de archivos y declaraba Bien de Interés Cultural las colecciones que los forman.

Recurso del PP

Por otra parte, la Mesa del Congreso decidirá hoy sobre el recurso presentado el viernes por el Grupo Parlamentario Popular para que se suspenda la tramitación legislativa del proyecto de ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca, mientras el Gobierno no presente dos informes preceptivos. Los informes son los de la Junta Superior de Archivos y del patronato del Archivo de Salamanca, instituciones presididas por la ministra de Cultura, Carmen Calvo.

La portavoz de Cultura del Grupo Popular en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, declaró ayer que los dos informes son preceptivos y deberían haber sido conocidos por el Gobierno en fase de propuesta como una "documentación necesaria", según la Constitución y el Reglamento del Congreso de los Diputados. "Los documentos no están por la frivolidad del Ministerio de Cultura, que trabaja para la galería, y con un Gobierno sometido a la voluntad de sus socios. Cultura tiene miedo a esos informes", afirmó.

En el recurso se especifican los informes preceptivos de la Junta Superior de Archivos, como institución consultiva de la Administración del Estado, y del patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española, una de cuyas funciones es emitir preceptivamente informes sobre cualquier propuesta de salida de fondos del archivo.