Las comunidades podrán tener déficit si crecen menos del 2%

Las comunidades autónomas con crecimiento débil (menos del 2%) podrán incurrir en déficit para mejorar su situación, una posibilidad que ahora impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno flexibilizará este texto, que obliga a mantener las cuentas públicas saneadas, y autorizará también un déficit que podría rondar el 1% cuando las comunidades con deuda controlada realicen inversiones productivas.

El Ministerio de Economía lleva meses estudiando cómo modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una norma elaborada por el anterior Ejecutivo del Partido Popular que obliga a todas las administraciones (central, comunidades y ayuntamientos) a cumplir estrictamente con el déficit cero. El departamento que dirige Pedro Solbes va a aplicar algunas modificaciones a este documento, que remitirá al Parlamento antes de verano. Así lo anunció ayer Solbes durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Previsiblemente, los cambios se aprobarán en la segunda mitad del año para poder aplicarlos en 2006.

Las administraciones podrán registrar un déficit moderado (el 1% del producto interior bruto es una cifra posible, dijo el ministro a preguntas de los periodistas) en dos tipos de situaciones. En primer lugar, cuando tengan un crecimiento económico inferior al 2% . "No es relajar la disciplina, sino utilizar los Presupuestos como instrumento de política anticíclica", argumentó Solbes. El otro supuesto se produce cuando un territorio quiera realizar una inversión que redunde en más productividad. Esta posibilidad requerirá que la comunidad tenga un nivel de deuda bajo.

Solbes también se refirió a la propuesta de contrato estable de duración determinada que lanzó el pasado martes el presidente de la CEOE, José María Cuevas. En los pasillos del Senado, el ministro la consideró "relativamente novedosa", pues ese tipo de contrato ya existe, aunque se utiliza poco. "Tenemos que saber exactamente de qué se trata, cuál es el margen de negociación con los sindicatos, que es la otra parte que tiene que dar su opinión", indicó, informa Europa Press.