Un problema largamente anunciado

El programa Ramón y Cajal nació en 2001, poco después de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Gobierno de José María Aznar lo presentó entonces como una iniciativa para evitar la fuga de cerebros. Y como una fórmula para abordar las carencia en investigación y desarrollo del sistema español.

Todavía no se había puesto en marcha cuando recibió las primeras críticas. Investigadores y sindicatos lo consideraron un parche que no resolvía el problema a largo plazo de los científicos porque no consolidaba su situación laboral.

Las dudas sobre el futuro en torno al programa no fueron planteadas sólo por científicos y oposición. El entonces subsecretario de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat valenciana, Javier Quesada, no ocultó su escepticismo. El plan, indicó, podía funcionar como "catalizador", pero cuando las universidades calcularan las plazas a solicitar, se produciría "un problema financiero grave" que se aplazaría cinco años y que era "mejor" ir "abordando desde el principio".

Un problema adicional proviene de la distribución de los investigadores adscritos al programa Ramón y Cajal. Si Gobierno y Generalitat valenciana ponen dinero extra para que sean absorbidos por las universidades, algunas saldrán ganando. Y otras no. En el primer caso se encuentra la de València, que acoge a 79, más de la mitad del total.