La lenta salida del túnel

En una reestructuración de deuda histórica por la dimensión en juego y por la quita conseguida, Argentina ha conseguido sacarse de encima un lastre que la mantenía entre el pequeño club de países que no pagan sus obligaciones, entre los que figuran Irak, Somalia, Sudán, Liberia y Zimbabwe. Contra todo pronóstico, por el desgaste y el buen momento de los mercados emergentes, la tercera economía latinoamericana consiguió una alta adhesión al canje de sus bonos impagados (superior al 80%), con lo que se apuntala el proceso de fuerte crecimiento de los últimos dos años, pero quedan aún pendientes los desafíos de reducir el paro, la pobreza y la inflación y de aumentar la inversión, el crédito y las tarifas de servicios públicos.

El país suramericano debe negociar con los organismos multilaterales el pago de más de 2.300 millones de dólares en el segundo semestre

"La salida del default permite la normalización financiera del país", explica el director de la consultora MVA, Javier Alvaredo. Las agencias calificadoras le quitarán la nota D, de default (suspensión de pagos), tras más de tres años y dos meses. No obstante, Argentina continuará con problemas de deuda. Acaba de reducir el capital de los títulos impagados de 81.800 millones de dólares a 41.800 millones, lo que supone una quita nominal de la mitad, pero una poda aún mayor en términos reales (68%), dado que se extienden los plazos y se recortan los intereses.

Negociación con el FMI

Sin embargo, el país además debe otros 90.000 millones a los organismos multilaterales y a tenedores de bonos que nunca se dejaron de pagar. Por lo tanto, la relación entre la deuda y el PIB superará el 80%. De ahí que el país se haya comprometido ante los acreedores a mantener en el largo plazo el ahorro fiscal inédito de los últimos dos años.

Este esfuerzo implicará una intensa presión impositiva, lo que lleva a pensar al director del Centro de Estudios Bonaerense, Dante Sica, que difícilmente se bajen los impuestos a las transacciones financieras (que perjudican al sistema bancario) y las exportaciones (que tanto afectan a empresas como Repsol YPF).

El desafío de la deuda torna imperioso que Argentina reanude el acuerdo que en julio pasado suspendió con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país suramericano debe pagarle a los organismos multilaterales más de 2.300 millones de dólares en el segundo semestre del año, justo cuando se disputarán las elecciones legislativas de medio turno del Gobierno de Néstor Kirchner. Sica observa que el éxito en el canje de deuda reducirá la presión del FMI, en cuyo directorio pesan países con pequeños tenedores de bonos argentinos, como Italia y Japón. De todos modos, el analista Pablo Morra, del banco inversión Goldman Sachs, prevé que el Fondo le exigirá a Argentina que solucione el conflicto con quienes no participaron en el canje, acreedores de cerca de 16.000 millones de dólares que tienen como única opción un largo y costoso juicio al país en tribunales extranjeros. Los mercados esperan que se termine reabriendo el trueque para que lo acepten los arrepentidos, aunque el Gobierno lo descarte. Terminada la suspensión de pagos, la prioridad del FMI pasará a radicar en los más de tres años de ruptura de los contratos de servicios públicos, según el economista jefe de la consultora Ecolatina, Ricardo Delgado. Francia aparece a la cabeza de los países que reclamarán. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a mediar ante Kirchner para lograr una solución equilibrada con las empresas de su país, entre ellas Telefónica, Endesa, Gas Natural y Aguas de Barcelona (Agbar). Delgado, de la consultora que fundó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, opina que la descongelación de las tarifas resulta necesaria en un país que necesita inversión en infraestructura, sobre todo energética, para que acompañe el crecimiento, previsto en el 6,5% para este año.