El 42,2% cree que el fin de ETA no está cerca, y el 31,2% piensa que sí

El 60,7% de los ciudadanos vascos cree que el problema de la violencia en Euskadi ha mejorado durante el último año, según la encuesta de Opina, pero al preguntársele por el posible final del terrorismo de ETA, la opinión mayoritaria no es optimista. El 42,2% considera que no está próximo; el 31,2% se inclina por lo contrario, y sube hasta un significativo 26,6 el porcentaje de los que no se pronuncian sobre este asunto.

Se impone con clara mayoría (56,2%) la opinión de quienes creen que una eventual negociación entre el Gobierno y la banda terrorista sólo debe producirse tras el abandono de las armas, frente al 26,1% que se inclina por negociar sin condiciones. Un 11,7% es contrario a la negociación en todo caso. También es mayoritario (49,3%) el parecer de quienes piensan que es necesario combinar medidas políticas y policiales para acabar con ETA. Un exiguo 4,2% se inclina por la opción exclusivamente policial y un 33,1% dice que sólo serían eficaces las medidas políticas.

Entre autonomía e independencia, otro apartado que la encuesta analiza bajo el rótulo "autodeterminación", la decisión de la ciudadanía vasca parece muy clara: el 62,9% se decanta por la primera opción como marco para la convivencia, y sólo un 21% opta por la segunda, con un 16,1% que no se pronuncia sobre este dilema. Quizás, en consonancia con esta posición, un 66,9% rechaza la afirmación de algunos políticos en el sentido de que está en peligro la unidad de España.

El problema de la unidad de España parece preocupar de forma moderada pero significativa en el País Vasco: un 31,9% asegura que le preocupa mucho o bastante, un 22,2% que le preocupa poco y a un 40,2% no le preocupa nada.

El 59,8% de los encuestados piensa que debe reconocerse el derecho a la autodeterminación de Euskadi, y sólo un 24,7% se opone, con un 15,5% que no se pronuncia sobre esta cuestión.

Ante la hipótesis de que la mayoría de los vascos optase por la independencia, un 44,8% piensa que el Gobierno español debería aceptarla, un 24,1% dice que el Ejecutivo central debería poner condiciones y un 16,9% cree que tendría que rechazarla.