El PSOE denuncia hoy ante el fiscal la trama de Majadahonda

El PSOE presenta hoy una denuncia sobre la supuesta trama urbanística de Majadahonda ante el fiscal general del Estado. En la denuncia, los socialistas entienden que en la gestión de la cesión de suelo público de Majadahonda se han podido cometer supuestos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación que salpican, entre otras personas, al actual regidor de Majadahonda, el popular Narciso de Foxá. La denuncia, pone de relieve "las presiones" que recibió el anterior alcalde, Guillerno Ortega, del PP, provenientes de su propio partido, en relación con la salida a concurso de dos parcelas -la RN1 y la M2- tasadas en unos 84 millones de euros (cerca de 14.000 millones de pesetas) y en las que se iban a levantar unas 400 viviendas. Ortega presentó su dimisión el pasado 3 de febrero alegando "motivos de salud"; sin embargo, el PSOE cree que detrás de esa dimisión se hallan presiones lucrativas "ajenas al interés general".

Conversaciones con Aguirre

En la denuncia se aporta la transcripción grabada de una reunión entre Ortega y el edil popular que luego le sustituyó al frente de la alcaldía, Narciso de Foxá. En ella Ortega alude a una conversación que mantuvo con la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en la que ésta le indica que "lo de las parcelas no va"; es decir, que debía detener el concurso.

Según se desprende de la denuncia la supuesta trama de Majadahonda -municipio en el que gobierna el PP con mayoría absoluta- surge después de que el anterior regidor, Guillermo Ortega, rompiese con la costumbre de encomendar la cesión y venta del suelo público a la empresa municipal Pammasa y decidiese, en el caso concreto de las dos parcelas citadas, que saliesen a concurso por la vía de la aprobación en un pleno. Como así ocurrió y cuya aprobación contó con los votos del PP y el rechazo de la oposición. Doce empresas presentaron ofertas por ese suelo.

El origen de las tensiones entre los ediles del PP puede estar, según el PSOE, en una moción del alcalde en la que éste decide sacar a concurso las parcelas sin tener en cuenta su precio para evitar que ello disparase luego el precio de las viviendas proyectadas. Sin embargo, un técnico municipal tasó el suelo y, al surgir divergencias sobre la valoración, el asunto terminó en la Comunidad de Madrid, que hizo luego su propia tasación y coincidió con la ya hecha por ese técnico.

Y es a partir de ahí cuando afloran las supuestas presiones que, según el propio ex alcalde Ortega, recibió de un constructor y de miembros de su partido para que no adjudicase las parcelas por la vía del pleno municipal. "Los hechos ponen de manifiesto", indica el PSOE en su denuncia, "cómo en las decisiones iniciales adoptadas por el alcalde y por el pleno de enajenar unas parcelas siguiendo unos determinados criterios de adjudicación en concurso, se interpusieron unas presiones que venían de ámbitos externos al Ayuntamiento".