La Cámara de la Propiedad vizcaína acusa al Gobierno de querer "confiscar" sus bienes

La Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya considera que si el Gobierno vasco aprueba el proyecto de decreto de liquidación de estas entidades y se queda con su patrimonio estará cometiendo un verdadero acto de "confiscación" de sus bienes que "si fuese llevado a cabo por individuos o entidades privadas presentaría fuertes indicios de incurrir en atípico legal".

Responsables de la Cámara ofrecieron ayer una conferencia de prensa en Bilbao para ofrecer su punto de vista sobre la liquidación de estas entidades prevista por el Departamento de Vivienda, es decir el paso al sector público de su personal y la asunción del patrimonio. En su opinión, es una decisión "injustificada y superflua" que deja indefensos a 247.000 socios que no seguirían disfrutando de los servicios que ofrece. Según una auditoría oficial, los socios de la Cámara de Vizcaya ascendían en diciembre de 2002 a cerca de 180.000 y el 88,1% de sus ingresos procedía de las cuotas de los socios. Tan sólo el 11,9% provennía de la prestación de servicios.

El letrado jefe de los servicios jurídicos de la Cámara, José Miguel Alonso, calificó de inasumibles por el Gobierno todas las funciones que desarrollan.