El Ejecutivo baraja varias opciones para otro aeropuerto

El estudio para la implantación de un aeropuerto, el tercero de la provincia de Barcelona, en el municipio de Fonollosa (Bages) levanta recelos en esta población. La Generalitat mantiene que no se trata de ninguna ubicación definitiva, y dice que habrá más informes sobre la compatibilidad del espacio aéreo y que baraja otros emplazamientos, aunque el Bages es una de las zonas que se miran con especial atención.

El pleno de la corporación municipal de Fonollosa ha tomado el acuerdo de mantener una posición unánime en el proceso y de apoyar las acciones y posiciones que adopten los vecinos afectados, especialmente los de Canet de Fals. Esta urbanización es la más cercana a la zona de estudio para situar la nueva pista. Además, quejosos con la Generalitat, los vecinos han solicitado una reunión con el secretario de Movilidad, Manel Nadal, para conocer la información de primera mano.

Nadal ha explicado que el Gobierno necesita saber si la zona reúne condiciones para aceptar vuelos "antes de tomar decisiones", y aseguró en este sentido: "No hay ninguna decisión tomada ni ningún trato con los propietarios". "El Ayuntamiento dice que no sabe nada del asunto, pero es que nosotros también podemos decir lo mismo: solamente lo estudiamos", añadió Nadal, quien aseguró que antes de tomar la determinación de construir un aeropuerto en Alguaire se estudiaron 15 opciones.

La Generalitat, a través de la empresa pública GISA, tiene previsto licitar el próximo martes un estudio para analizar las condiciones de navegación aérea que ofrecen unos terrenos entre las fincas de Jaumandreu y Montconill, situadas al norte de Canet de Fals. El Gobierno catalán había insistido en los últimos meses en la necesidad de construir un aeropuerto previsto para la aviación general y la deportiva, la misma descripción que tiene, por ejemplo el aeropuerto de Sabadell. La idea del Ejecutivo, que aún no se sustenta en un proyecto, es disponer de una pista de 1,5 kilómetros de largo y 30 metros de ancho en una primera fase. Pero la finca que se busca debería ofrecer posibilidades de ampliación hasta 2,5 kilómetros e incluso de desdoblamiento. El valor estimativo de la operación es de 67 millones de euros.

Los grupos de CiU, el PSC, ERC y los independientes del CUIF aprobaron en la noche del pasado jueves un documento en el que muestran su "disconformidad con la forma como se ha llevado el proceso", al entender que la Generalitat les debería haber informado. Aseguran que aún ahora desconocen "las características y dimensiones" de la instalación, ya que nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y aseguran que "una actividad de este tipo es un motivo de desequilibrio territorial en nuestro municipio", dedicado de forma mayoritaria a la agricultura y a la ganadería.