Una comisión que controle la admisión de alumnos

El acuerdo alcanzado entre las organizaciones sindicales, los titulares de los centros religiosos y las confederaciones de padres pone de manifiesto la necesidad de "evitar el fraude que se produce frecuentemente" al matricular a los alumnos. Para ello pide crear una Comisión de Garantías

de Admisión formada por "todos los sectores afectados, así como una representación específica de los centros sostenidos con fondos públicos". Esta comisión controlaría de forma paralela la admisión en los centros.

Tanto los criterios de admisión de alumnos, como los procedimientos, deberían regularse, según estas organizaciones, por una "norma básica" y pactarse entre los consejeros de las comunidades. Uno de los aspectos más controvertidos en la negociación para alcanzar este acuerdo ha sido, según fuentes de estas organizaciones, la reserva de plazas para los alumnos más desfavorecidos. En todo caso, se recoge en el texto de su acuerdo que la admisión de alumnos con dificultades de aprendizaje tendrá en cada centro el perfil social de la zona en la que se ubica.

Los centros públicos y concertados que escolaricen inmigrantes con necesidades educativas especiales o procedentes de minorías étnicas o culturales recibirán los recursos precisos para hacer frente a estas responsabilidades, prosigue el texto. El alumno, en estos casos, "deberá aceptar el proyecto educativo y respetar el carácter propio del centro", apostilla.