La oposición reclama que dimita el secretario de Comunicación

La crisis del Carmel ha tenido un efecto colateral: la polémica sobre los impedimentos al acceso de los medios de comunicación al lugar de la tragedia. Después de las quejas de los periodistas, la Generalitat publicó el pasado martes un protocolo en el que se limitaba el trabajo de los medios en la zona "por razones de seguridad". Ayer mismo, los partidos de la oposición parlamentaria, CiU y el PP, criticaron con ferocidad el documento y exigieron la dimisión del secretario de Comunicación de la Generalitat, Enric Marín.

Ambos grupos rechazaron el texto porque consideran que supone una "censura" en la cobertura periodística y "atenta" contra la libertad de expresión y el derecho a la información. A juicio del secretario de comunicación de Convergència, David Madí, el protocolo es "indecente e irrespetuoso". Madí, que en 2003 dimitió por su vinculación con el escándalo en la manipulación de encuestas del Gobierno de CiU, añadió que el documento refleja una actitud "antidemocrática".

En una línea similar se expresó el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, quien criticó al Gobierno por "actuar como un inquisidor" y reclamó "transparencia informativa".

Tras los reproches de la oposición y después de unos días tensos entre los periodistas y la Administración, el Gobierno catalán se dio por aludido ayer y por la tarde varió sensiblemente su criterio con un nuevo documento, acordado esta vez junto con el Ayuntamiento de Barcelona y el Colegio de Periodistas de Cataluña. Este "protocolo actualizado" señala que los medios podrán acceder libremente a las reuniones entre la Administración y los vecinos, salvo que éstos se opongan. El texto reconoce además el derecho de los vecinos del Carmel a hacer declaraciones y pone como única limitación a la tarea de los periodistas la seguridad de los propios profesionales.

Reunión de la CCRTV

Por su parte, el Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión ( CCRTV) se reunirá de urgencia para evaluar estas directrices del Gobierno y la cobertura informativa en general. Aunque la reunión todavía no se ha convocado -podría celebrarse hoy o mañana-, se llevará a cabo con toda seguridad, ya que los consejeros propuestos por CiU (5) y el PP (1) suman suficientes votos para obligar a convocarla. El Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) también quiso pronunciarse ayer sobre la polémica. El CAC apeló a la responsabilidad de "autoridades y medios de comunicación" y exigió "respeto" hacia las víctimas.