El responsable de Seguridad Nacional se compromete a mantener las garantías democráticas

Los senadores demócratas exigieron ayer a Michael Chertoff, nombrado responsable de Seguridad Nacional por George W. Bush, que aclarara su papel en el Departamento de Justicia y si aprobó o no métodos para interrogar a prisioneros de guerra que prescindían de las garantías de la Convención de Ginebra. Chertoff -que trabajó para Justicia dos años después del 11-S, en la época en la que se desarrollaron las tesis de que la guerra contra el terrorismo no estaba sujeta a las normas internacionales- aseguró que sus directrices fueron generales y que jamás propuso nada concreto sobre esos métodos.

La semana pasada, The New York Times aseguró que el departamento que dirigía Chertoff dijo a la CIA que no se preocupara por utilizar ciertas técnicas. Chertoff aseguró ayer que no recordaba específicamente las reuniones con la Agencia, pero que todos aquellos encuentros acababan siempre igual por su parte: "Si están ustedes tratando con algo que les pone nerviosos, asegúrense de que están haciendo lo correcto. Y comprueben que eso significa que hacen un examen honrado y eficaz de sus tareas, y no que se limitan a esconder la cabeza en la arena o a cerrar los ojos".

El senador Carl Levin quiso apretarle: "¿Es decir, que usted nunca habría dado un no o un sí a una pregunta sobre los métodos para interrogar?". "Correcto", respondió Chertoff, que en su intervención se comprometió a mantener el equilibrio entre la seguridad y las libertades: "Como secretario de Seguridad Nacional seré consciente de la necesidad de reconciliar los imperativos de la seguridad con el mantenimiento de las libertades y del derecho a la intimidad". Ninguno de los senadores anticipó ayer que Chertoff pudiera encontrarse con problemas para confirmar su nombramiento.

Por otra parte, un juez federal confirmó que la CIA está obligada a dar acceso a sus datos sobre maltrato a los detenidos a los grupos de defensa de los derechos democráticos que lo soliciten. La Agencia se había dirigido al juez para que suspendiera su anterior fallo, que obliga a cumplir con la ley de libertad informativa en el caso de ciertos casos que pueden incluir información sensible sobre operaciones de inteligencia, como los que afectan a los detenidos en Guantánamo o después de los atentados del 11-S.